El PP anuncia que derogará la ampliación del aborto cuando llegue al Gobierno

El Gobierno, acosado ya por los problemas, dio ayer el paso más difícil de toda la legislatura: la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo con un cuarto supuesto que abre la posibilidad del aborto libre, aunque no gratuito, en las 12 primeras semanas de gestación. El PP reaccionó de forma contundente. Su secretario general, Francisco Álvarez Cascos, anunció que derogarán este texto cuando lleguen al Gobierno, y la diputada Loyola de Palacio puso por delante el recurso extremo de inconstitucionalidad. La Conferencia Episcopal convocó una rueda de prensa media hora después de finalizar la del Gobierno. El obispo secretario general, José Sánchez, condenó con dureza el texto y lanzó una admonición a los parlamentarios, parapetado en un texto del Papa, mientras evitaba condenas políticas que orienten el voto de los ciudadanos.

El texto aprobado por el Gobierno establece que la mujer que desee abortar durante las 12 primeras semanas de embarazo podrá hacerlo libremente, a los tres días de haber escuchado "las razones que asisten al Estado para tutelar la vida" y haber sido informada sobre las ayudas disponibles si decide tener el hijo, así como sobre los aspectos jurídicos y médicos de la intervención.Los tres supuestos de aborto que hasta ahora están despenalizados son: peligro para la vida de la madre, embarazo como consecuencia de violación o inseminación no consentida y malformación del feto.

Desde la campaña electoral de 1993 el PP, por boca de su presidente, José María Aznar, aseguró que cuando llegue al poder mantendrá la legislación actual. Ayer se mostró abiertamente beligerante frente al nuevo supuesto despenalizador.

Álvarez Cascos, en declaraciones a la cadena SER, anunció que lo derogarán si se aprueba, cuando ellos lleguen al Gobierno y De Palacio, portavoz adjunta en el Congreso, advirtió que presentarán una enmienda de devolución al Gobierno y un recurso de inconstitucionalidad si se aprobase en el Parlamento, aunque se mostró convencida de que eso no ocurrirá y de que se trata de una simple maniobra del Gobierno.

Los populares no se limitaron a criticar a los socialistas. Trataron también de provocar la reacción de CiU y forzar las tensiones rupturistas con el PSOE, minimizando las críticas de los nacionalistas catalanes al proyecto de ampliación del aborto. La propia De Palacio dijo que la reacción de CiU "no será tanto como parecía" y que "ha estado haciendo el paripé", porque de otra forma "tendría que dejar absolutamente de apoyar al Gobierno".

El vicesecretario general de los populares, Mariano Rajoy, declaró que a Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol coligado en CiU con Unió Democrática, no le importa nada este asunto y que está sólo pendiente de las elecciones en Cataluña.

Apoyo de Izquierda Unida

Izquierda Unida celebró la decisión del Gobierno, aunque los diputados Francisco Frutos y Diego López Garrido lamentaron y criticaron que el aborto por este cuarto supuesto no sea atendido por la sanidad pública y, por tanto, no resulte gratuito.

La Iglesia católica reaccionó con rapidez y el secretario general de la Conferencia Episcopal convocó una conferencia de prensa a las tres y media de la tarde. El obispo José Sánchez leyó una nota que "asume plenamente el sentir de la conferencia". El texto condena el proyecto, habla de "despenalización" del aborto, aunque luego matizadamente dice que "en cierto modo" supone "una autorización legal para que la madre pueda disponer de la vida de su hijo, concebido y no nacido".

La nota se dirige expresamente a los parlamentarios, con un párrafo de la encíclica Evangelium Vitae, del papa Juan Pablo II: "En el caso [ ... ] de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto".

Sin embargo, el obispo secretario general cortó en seco un par de preguntas que trataban de saber si la condena llega hasta la obligación para los católicos de no votar a un partido pro abortista o la excomunión de los parlamentarios que voten a favor del proyecto.

José Sánchez dijo que "castigar o no castigar con el voto es decisión soberana de cada ciudadano" y, respecto de la excomunión para los diputados o senadores, adoptó una postura exquisitamente eclesial al asegurar que "eso está dentro de la ley canónica y habría que verlo en cada caso".

También fue contundente al asegurar que los obispos no tienen prevista ninguna campana tras la decisión del Gobierno y que le parece "muy bien" la declaración del PP, aunque preferirían que derogasen "todos" los supuestos despenalizadores.