EI PP se abstiene en la votación del Código Penal y obstruye el pacto sobre la rebelión independentista
Todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que se abstuvo, respaldaron anoche el primer Código Penal de la democracia. En la votación global, dado su carácter de ley orgánica, el texto obtuvo 193 a favor, ninguno en contra y 113 abstenciones del PP. La sorpresa del pleno del Congreso fue que el PP bloqueó el acuerdo de los. demás grupos sobre el delito de rebelión con finalidades independentistas. En cambio, no hubo obstáculo para aprobar otra enmienda que suaviza los castigos para los insumisos a la prestación social sustitutoria y al servicio militar. No tendrán que ir a prisión.
El PP se acogió al precepto reglamentario que permite a un solo grupo impedir la tramitación de una enmienda transaccional negociada durante el debate. El diputado Julio Padilla vetó, en nombre del PP, la votación de la propuesta de IU-IC, aceptada por los nacionalistas, según la cual para que exista el delito de rebelión -castigado con hasta 25 años de cárcel y que, entre otras finalidades, prevé la de "declarar la independencia de una parte del territorio nacional"- será necesario que se realice "con violencia".En medio de la indignación que produjo en los restantes grupos el veto del PP, la propuesta que pacificaba el rechazo hacia el Código Penal por parte de los nacionalistas catalanes y vascos por la aparente penalización de sus posiciones independentistas democráticas, la solución negociada ha de quedar para el Senado, como anunció formalmente el socialista Javier Barrero. Padilla dijo con sorna a los diputados que de este modo habrá tiempo para que "reflexionen y superen sus propias dudas".El problema lo planteó en la Comisión de Justicia e Interior hace un mes el diputado del PNV Emilio Olabarria, que observó riesgo de que se prevea que cometen el delito de rebelión "los que se alzaren públicamente" para una serie de fines, entre ellos la declaración de independencia. Olabarria recordó ayer que la jurisprudencia interpreta de muy diversa forma el concepto de alzamiento, con el que identifica a veces la conducta de, unos ciudadanos contra la empresa pública Enpetrol o las calumnias al Ejército.
"Alzamiento con violencia"
Olabarria se felicitó de la solución adoptada, mediante una enmienda transacional que exigía que el alzamiento se realizara "con violencia", lo que impide que una acción democrática en favor de la independencia pueda considerarse delictiva. Igualmente, Pilar Rahola (ERC) advirtió que, sin tal modificación, su partido habría votado en contra del Código Penal, ya que ERC defiende la autodeterminación pacífica de Cataluña.
La respuesta la ofreció Padilla, que aseguró que el término de alzamiento está suficientemente claro, invocó su intervención en el tribunal que juzgó el golpe del 23-F y se opuso no sólo al contenido de la enmienda, sino a su tramitación, acogiéndose al artículo 118.3 del reglamento de la Cámara. Esta actitud fue calificada de veto por los demás grupos, que se comprometieron a enmendar el precepto en el Senado. Rahola aseguró que el PP "favorece al independentismo violento" con su actitud.
Por su parte, Diego López Garrido (IU-IC) recordó que el portavoz del PP en la Comisión de Justicia e Interior se adhirió a la enmienda de IU-1C que introducía la expresión "con violencia", para definir la rebelión.
Federico Trillo (PP), ausente en aquella sesión, reprochó ayer al Gobierno su cambio de actitud y advirtió del peligro de que se exija violencia para un alzamiento consistente en la declaración de independencia de una parte del territorio nacional que puede realizarse en una asamblea. Trillo escuchó un sonoro pateo. López Garrido le contestó que el PP ha sido incongruente en su planteamiento en comisión y pleno.
La agria polémica entre IU-IC y el PP no impidió que el PSOE aceptara previamente sendas enmiendas de ambos grupos por las que quedaron suprimidos los tres artículos que castigaban con penas agravadas el desacato -a la autoridad y a los funcionarios públicos en general.
En materia de insumisión se suprimió, a propuesta del PNV, el artículo que castiga de seis meses a dos años de cárcel en tiempo de paz, y de tres a seis años en tiempo de guerra, a quien se mutile o inutilice para el servicio militar. También se admitió suprimir la pena de cárcel para la negativa al cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Tanto el que incumpla tal prestación como el que se retrase a la misma será castigado con inhabilitación absoluta de ocho a doce años y multa de hasta 36 millones, según la fortuna del condenado.
En cuanto al incumplimiento de la obligación de realizar el servicio militar, la pena será la misma inhabilitación y de seis meses a dos años de cárcel -el proyecto establecía de dos a tres años-, lo que sin embargo permitirá evitar el ingreso en prisión. En caso de guerra, de dos a cuatro años de cárcel (el proyecto preveía de cuatro a ocho años).
