La crisis de la desgana

Ha sido la crisis de la desgana. La de más larga gestación para el resultado más corto. Felipe González no lo ha ocultado ni en el remate. Tras el Consejo de Ministros del viernes, de poco más de una hora de duración, se acercó al ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y le preguntó si quería ser ministro de Educación.Saavedra le respondió lo habitual en estos casos: "Lo que tu digas, presidente". A continuación se dirigió al titular de Educación, Gustavo Suárez Pertierra, y le dijo: "Saavedra quiere ser ministro de Educación. ¿Querrías ser ministro de Defensa?". La respuesta fue similar a la de Saavedra. Con el compromiso conseguido la víspera por la noche de Joan Lerma, la crisis estaba rematada.

Pero la parte decisiva, la había zanjado González 48 horas antes. El miércoles, recién regresado de Cannes donde había asistido a la última cumbre europea presidida por Francia, citó a Narcís Serra a las 10 de la mañana para desayunar, lo que obligó al vicepresidente del Gobierno a liquidar en menos de media hora la reunión de la Comisión de Subsecretarios que ha presidido religiosamente, todos los miércoles, desde marzo de 1991.

En una conversación de hora y media, González comunicó a Serra la decisión de aceptar su dimisión presentada, como posibilidad, 15 días antes, el 13 de junio, al regreso de Colombia del vicepresidente, y un día después de estallar el escándalo de las escuchas telefónicas. Después se lo comunicó al ministro de Defensa, Julián García Vargas, que le había presentado la dimisión el mismo día que Serra y la reiteró dos días después, cuando acudió a informar sobre el escándalo a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

Serra tardó algo más de dos horas en comunicárselo a sus colaboradores. Lo hizo en torno a las dos de la tarde. El vicepresidente sabía que tanto sus colaboradores como la secretaria general de la Presidencia, Rosa Conde, preparaban los borradores del discurso que Felipe González tenía que leer ante el pleno del Congreso al día siguiente, jueves, para explicar el escándalo del Cesid.

Una gran laguna del discurso, para sus redactores, consistía en cómo responder a la pregunta formulada desde la oposición, los aliados nacionalistas y el propio partido sobre las responsabilidades políticas. Serra les facilitó el trabajo cuando les comunicó que González había aceptado su dimisión y la de García Vargas. Rosa Conde, que asistía desde su escaño como diputada a los debates sobre el Código Penal, avisada por teléfono, abandonó disparada el palacio de la Carrera de San Jerónimo. La secretaria general de la Presidencia dijo al salir: "La situación ha cambiado y hay que cambiar el discurso"-

González volvió a reunirse por la tarde con Serra y García Vargas para preparar su estrategia ante el pleno del día siguiente. Barajaron la posibilidad de mantener en secreto la aceptación de las dimisiones y jugar con la baza de la sorpresa ante el pleno del Congreso al día siguiente. Pero, finalmente, optaron por hacerla pública esa misma tarde con el argumento contundente de que no debía parecer una decisión arrancada por la oposición y los aliados nacionalistas durante el debate.

A las siete de la tarde del miércoles, 28 de junio, La Moncloa comunicaba oficialmente las dimisiones. Habían pasado 16 días desde que estalló el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales. Frente a un mar de presiones hasta de los aliados nacionalistas y del propio partido, Felipe González se resistía a aceptar las dimisiones de Serra y García Vargas. El presidente del Gobierno no quería alterar su propio calendario: mantener la legislatura hasta octubre de 1996 y cambiar el Gobierno, en todo caso, después de la presidencia europea. En ningún caso contaba con prescindir de Serra.

Ni siquiera dio su brazo a torcer cuando el jueves, 15 de junio, tres días después de estallar el escándalo, la comisión permanente del PSOE, a la que convocó a un almuerzo en la Moncloa, defendió mayoritariamente la asunción de responsabilidades políticas. Se la pidieron Alfonso Guerra, Txiki Benegas, Raimon Obiols, Francisco Fernándlez Marugán, Ludolfo Paramio y Joan Lerma. Sólo se opuso Alejandro Cercas. Cipriá Ciscar no habló y Joaquín Almunia consideró que la baza de las dimisiones la debía utilizar el presidente del Gobierno a su conveniencia.

Tras la reunión, González se quedó en un mar de dudas. Pero decidió esperar. Tenía un argumento para hacerlo. Había encargado el 13 de junio a Serra y García Vargas una investigación interna sobre el escándalo y su alcance, que tardaría unas dos o tres semanas en finalizar. Fue su respuesta, un tanto irritada, a la presentación de las dimisiones de Serra y García Vargas.

El ministro de Defensa se la planteó de manera contundente. El vicepresidente la matizó. La situó como una posibilidad que ofrecía a Felipe González entre otras. Serra la dejaba en manos de González en función de su conveniencia, sin olvidar que su continuidad podía servirle de parapeto al presidente a la vista de que la cadena de escándalos podía continuar, tras su dimisión, ante el descontrol del material presuntamente sustraído por el ex responsable de operaciones especiales del Cesid, coronel Juan Alberto Perote.

El 21 de junio, miércoles, Serra comparece en el pleno del Congreso para ofrecer explicaciones. Había dedicado una semana a prepararlo en compañía de García Vargas y con aportaciones del director dimisionario del Cesid, Emilio Alonso Manglano. La dura reacción del Partido Popular no le sorprendió. El vicepresidente llegó vacunado al pleno. El momento más amargo ya lo había pasado la semana anterior, cuando comprobó que numerosos miembros del PSOE habían pedido su dimisión.

"Lo peor es cuando te fallan los tuyos", comentó Serra a sus más próximos, cuando conoció el ambiente que se respiraba en el Grupo Socialista. También recibió llamadas de solidaridad que le aliviaron: de Ramón Jáuregui, Joaquín Leguina, María Antonia Martínez, Cipriá Ciscar, Pasquall Maragall y Joaquín Almunia. Incluso, algunos guerristas conocidos, como el diputado murciano Jorge Novella y el extremeño Francisco Fuentes le felicitaron por su intervención y aguante en un pleno tan duro.

Pero el pleno del día 21 marcó un importante punto de inflexión en la crisis. El portavoz de Convergencia¡ Unió (CiU), Josep López de Lerma, sorprendió a González con un duro ataque al Gobierno y le exigió responsabilidades políticas. El pacto de estabilidad con CiU corría auténtico riesgo. Esta cuestión fue más decisiva para González que las presiones ode su propio partido a la hora de aceptar las dimisiones.

La decisión definitiva se sitúa tres días después, el 24 de junio, sábado. Ese día almuerza con Jordi Pujol en La Moncloa. El presidente de la generalitat de Cataluña le pide responsabilidades políticas por el escándalo y que defina el horizonte electoral. Pujol cree que es la única manera de rebajar la presión y pasar razonablemente el semestre de la presidencia europea. Esa noche, González cena con el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, y le apunta que aceptará las dimisiones. Se lo confirma el miércoles, a su regreso de Cannes, a Serra y García Vargas, aunque el domingo ya lo apuntó en la localidad francesa en un encuentro con periodistas. Narcís Serra y Julián García Vargas ya contaban con ello.