Un año a la sombra por PSV

Cuando Carlos Sotos ingresó en la cárcel de Carabanchel, a las 16.30 del día 29 de junio de 1994, el nombre del ex gerente de la cooperativa PSV vino a sumarse con todos los honores a los de Mariano Rubio y Manuel de la Concha, por entonces los presos preventivos más célebres del selecto círculo de los delitos monetarios. Otros habrían de seguir aún los mismos pasos hacia la sombra -entre ellos el histórico dirigente del PSOE y la UGT Paulino Barrabés, que compartió con Sotos los cargos y la celda por unas semanas-, pero el ex gerente de PSV ha tenido que ver cómo todos recuperaban su libertad, aunque fuera bajo fianza, mientras él se encaminaba hacia el año de prisión preventiva qué cumplió ayer.El encarcelamiento de Sotos se produjo tras siete jornadas de declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, que instruía -y sigue instruyendo- las diligencias previas del caso PSV, como consecuencia de las querellas presentadas contra los ex responsables de la cooperativa por varios centenares de afectados.

La relación de Sotos con las multitudes era de muy distinta índole en 1989, cuando el anuncio de la primera campaña de la PSV suscitó el entusiasmo de 2.000 solicitantes y el apetito de diez constructoras. Nadie, ni siquiera en los buenos tiempos, ha disputado a Sotos la propiedad intelectual de la cooperativa. En 1979, antes de meterse en el negocio de la vivienda, Sotos fue concejal por el PCE en Madrid. En 1988 concibió la idea de combinar su empresa inmobiliaria con el gancho social de UGT, y persuadió a Paulino Barrabés, por entonces secretario de finanzas del sindicato, para crear Iniciativa y Gestión de Servicios Urbanos (IGS), gestora de la cooperativa de viviendas. Sotos controlaría el 53% de las acciones de IGS, y UGT el 47% restante. La oferta era simple y atractiva: pisos por debajo de 10 millones y facilidades financieras. Causó furor.

PSV llegó a atesorar fondos para la construcción de 22.000 viviendas que no acababan de aparecer por ningún lado. Sotos atribuía el retraso a la lentitud de las licencias y a la falta de financiación de los bancos. "Si las licencias se retrasan demasiado", dijo por entonces, "tendré que sacar a la gente a la calle".

La gente acabó saliendo a la calle para pedir la cabeza de Sotos. Una gestión lamentable, una expansión excesiva, el descontrol del gasto y el trasvase irregular de fondos llevaron a la cooperativa al borde de la quiebra, con un agujero de 14.000 millones de pesetas.

Ayer mismo se sabía que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -que compró el 75% de la deuda de PSV con los dados de baja- ha pagado hasta el momento 1.800 millones al 20% de estos antiguos cooperativistas. Son sólo una pequeña parte de las 20.000 familias afectadas de un modo u otro por una crisis que aún colea y que ha estado a punto de llevarse por delante a la mismísima UGT, que quiso ver en el sueño de Sotos el paradigma de un nuevo estilo de sindicalismo de servicios.