Perote recurre por violacion de derechos humanos contra su encarcelamiento
El abogado Jesús Santaella, abogado del coronel Juan Alberto Perote Pellón, ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, presentará hoy recurso contra el auto de prisión decretado la pasada semana por el juez togado militar número 1, Jesús Palomino Yébenes. El letrado argumentará previsiblemente que la prisión de, Perote es anticonstitucional, que su procesamiento no se atiene a los convenios internacionales sobre derechos humanos y que los argumentos procesales sólo tienen fundamentos genéricos.
Santaella no ha querido adelantar las argumentaciones que esgrimirá, pero días atrás ya indicó que el auto de procesamiento y prisión no resistía "el más mínimo análisis desde el punto de vista de las exigencias que la Constitución y los convenios internacionales exigen en materia de derechos humanos".
Perote se encuentra desde el miércoles en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), en donde ayer fue visitado por Jesús Santaella. Este declaró ayer que su cliente se encuentra "muy bien" y con la moral alta, pese a que considera que su situación es "absolutamente injusta".
El coronel Perote fue detenido sobre las tres de la madrugada del pasado domingo, día 18, en su chalé de urbanización Ciudad Bosque Los Arroyos, en el término municipal de El Escorial (Madrid).
El juez militar Palomino acusa al coronel de presunta revelación de secretos sobre operaciones de escuchas ilegales realizadas por el Cesid, mientras que el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, le imputa un presunto delito de interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas.
Más penas para las escuchas
Tras el escándalo político del Cesid, el Grupo Parlamentario Socialista pretende endurecer las penas para los funcionarios que realicen escuchas ilegales aprovechándose de su cargo, según informaron a Europa Press varios de los ponentes del PSOE del proyecto de ley de Código Penal, que se tramita actualmente en el Congreso.El texto del Código Penal remitido al Parlamento por el Gobierno prevé en su artículo 516 penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de seis a 12 años para los funcionarios que, mediando causa por delito, interceptaré las comunicaciones telefónicas. Si además se produce divulgación de la información así obtenida, se impondrán las penas superiores.
Los ponentes socialistas todavía no han entrado en contacto con los diputados de la oposición para comentarles esta iniciativa. Pero Diego López Garrido, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha reconocido que convendría replantearse varios artículos del proyecto.
El pleno del Congreso continuará mañana martes debatiendo el articulado del proyecto de Código Penal. El PSOE pretende plantear una enmienda transaccional en los mismos debates.
