Belloch insta al fiscal del Estado a investigar los 'pinchazos' de que ha sido víctima el juez Garzón

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ha instado al fiscal general del Estado, Carlos Granados, a que ejercite las acciones legales oportunas contra los autores de las escuchas telefónicas ilegales sufridas por el juez Baltasar Garzón durante los últimos ocho meses, coincidiendo con el inicio de las investigaciones del caso GAL. El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, calificó de "muy grave" que se haya espiado a ciudadanos que representan el Poder Judicial. El Gobierno, que está barajando la posibilidad de querellarse contra Diario 16 se queja de que el Cesid se haya convertido en el gran sospechoso y que "ahora se impute todo" a este servicio: desde cualquier escucha ilegal hasta la organización de los GAL.

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzon ha sido espiado presuntamente por el Cesid durante los últimos ocho meses, según informó ayer Diario 16, que asegura estar en posesión de varias cintas magnetofónicas en las que se recogen 30 conversaciones. "¿Qué se puede decir cuando lo que se sospecha se convierte en realidad?", se preguntó ayer Garzón.El secretario general de Justicia, Fernando Escribano, informó ayer que Belloch ha enviado un oficio al fiscal general del Estado, Carlos Granados, en el que señala: "Al amparo de lo establecido en el artículo 8.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Gobierno de la nación interesa de V.E se ejerciten por el ministerio fiscal las acciones penales que resulten oportunas".

Emilio Alonso Manglano, el dimisionario director del Cesid, negó, en declaraciones recogidas por Televisión Española, que este servicio esté tras, las escuchas ilegales al magistrado y aseguró que en España hay muchas personas con suficientes medios para realizar pinchazos. .

Entre las conversaciones interceptadas hay una con el ex ministro del Interior Antoni Asunción, varias con la senadora socialista Dolores García Hierro, y otra con el redactor de EL PAÍS Francisco Mercado. Los pinchazos empezaron en diciembre y coinciden con fechas importantes en el sumario del caso GAL y en el de los papeles de Laos (la captura de Luis Roldán).

Según José Antonio Alonso, de la asociación Jueces para la Democracia, las escuchas sufridas por Garzón confirman la generalización de "una actividad plenamente inconstitucional a todo el ámbito de la vida pública española". Alonso cree que con estas actuaciones "corremos el riesgo de sufrir una infección institucional muy importante".

Para el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, "no hay más delito porque el espiado sea uno u otro". Sin embargo, sostiene que en este caso "la gravedad política y so cial es mucho mayor, porque aquí hay una intencionalidad clara, y eso crea intranquilidad en las instituciones". El coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, señaló que no le ha sorprendido la noticia de los pinchazos a Garzón. Anguita, dijo que no se creyó ninguna de las explicaciones dadas esta semana en el Parlamento por el vicepresidente del Gobierno, Narcis Serra, sobre las escuchas del Cesid. El dirigente de IU subrayó que la última grabación sufrida por Garzón data del pasado día 16, por lo que se mostró convencido de que los servicios secretos siguen grabando las conversaciones telefónicas de muchos ciudadanos. Anguita entiende que este nuevo escándalo es la constación de la "descomposición" que padece el Estado de Derecho e ironizó que dentro de poco se podrán encontrar cintas de este tipo de cualquier mercadillo.

Este caso, según Álvarez Cascos, demuestra que el Cesid ha realizado escuchas telefónicas con posterioridad al año 1991, en contra de lo que proclamó el vicepresidente del Gobierno. Álvarez Cascos reiteró sus reticencias sobre la investigación abierta en torno al Cesid porque "lo único que hacen [quienes la están realizando] es borrar rastros".