Un líder neonazi, acusado del apaleamiento de universitarios
Nueve años de cárcel acechan a Ignacio Alonso García, de 27 años. Ésa es la condena que el fiscal solicita para este dirigente neonazi, actualmente en libertad, acusado de apalear el 23 de mayo de 1994, con una barra de hierro, a un grupo de universitarios en la delegación de alumnos de la Facultad de Biológicas de la Complutense. El brutal ataque fue supuestamente perpetrado por Alonso García en compañía de otros cuatro ultras aún no identificados. La paliza se enmarcó, según la investigación, en una operación de amedrentamiento de grupúsculos fascistas de la universidad. Las víctimas pertenecían a la asociación ADN Recalcitrante, de izquierda.
El 10 de octubre de 1989 fue detenido, con otras seis personas, por lanzar huevos y piedras contra el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, líder del CDS. Este atentado ultraderechista, cometido en el mitin de inicio de campaña electoral, fue atribuido al grupo neonazi Bases Autónomas -uno de cuyos miembros fue detenido en mayo por el asesinato de Costa Polvoranca-. El rastro policial de Alonso García reaparece el 20 de junio de 1988, día de la inscripción de la asociación universitaria Teoría y Praxis en el Ministerio de Educación. Esta entidad, en cuya presidencia figura Alonso tiene sede en la Facultad de Derecho, como la asociación cultural Disenso, que también preside el acusado desde 1990.
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El neonazi atacó a los estudiantes con una barra de hierro, según el fiscal
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Ignacio Alonso García también solicitó el 11 de julio de 1991, en unión de Carlos Rodrigo Ruiz de Castro y Juan Francisco Giménez Abián, la inscripción de la asociación Bernal Díaz del Castillo en el Ministerio del Interior.
Este afán asociacionista contrasta con su trato con los colegas de la Universidad Complutense. El día de la agresión, Alonso García irrumpió en la delegación de alumnos de la Facultad de Biológicas con una barra de hierro oculta entre las páginas de la revista Interviú. Se dirigió, según el relato fiscal, directamente a los estudiantes Antonio García Fernández y Jorge Martínez Rodríguez. Al primero le estrelló la barra contra la cara; al segundo, contra la cabeza.
Otros cuatro ultras, con sus respectivas barras de hierro, le siguieron. Su presa fue Álvaro Gómez Salaverría. Le molieron a golpes. Y antes de huir gasearon con un aerosol inmovilizante a Antonio García.
Este ataque culminó una escalada de amenazas. Ya en la primera semana de mayo, al inicio de unas jornadas libertarías convocadas por la asociación estudiantil ADN en Biológicas, se recibió una llamada que anunciaba el estallido de una bomba en el salón de actos. El comunicante, según el relato de la acusación particular, finalizó con un "¡Arriba España!". La operación de amedrentamiento no paró allí.
Al día siguiente, una decena de jóvenes armados con palos y cadenas insultaron a los participantes en las jornadas e intentaron entrar en la sala de reunión. La intervención de la vicedecana de la Facultad de Biológicas les impidió el paso a la sala donde, pocos días después, los miembros de ADN serían brutalmente apaleados.Manifestación de repulsa
El ataque sublevó a los universitarios. El 8 de junio -justo hace un año-, un centenar de alumnos de la Complutense se manifestó para exigir la expulsión de las organizaciones de extrema derecha del campus. El 16 de junio, el Grupo de Tribus Urbanas de la Brigada de Información detuvo a Alonso García, quien a los cinco días recuperó la libertad. En su domicilio, los agentes descubrieron diversas publicaciones y panfletos del líder fascista Mussolini, del grupo neonazi Bases Autónomas y de la asociación universitaria Disenso, que el propio Alonso presidía.
Bases Autónomas, escisión radical de la juventudes nazis de CEDADE, es considerado por la policía como un grupúsculo violento, antidemocrático y antisemita. En la Comunidad de Madrid dispone de al menos 50 activistas, de los que una decena son muy peligrosos. En su mayoría son cabezas rapadas, como El Mallorquín, acusado del crimen de Costa Polvoranca.
Este periódico trató ayer sin éxito de recabar la versión de Ignacio Alonso García, para quien la acusación particular pide 18 años de prisión por tres supuestos delitos de lesiones, más seis meses por daños.
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