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28 MAYO

Jordi Pujol conmina al Gobierno socialista acumplir su pacto con CiU

Los nacionalistas catalanes han conminado al Gobierno socialista a que cumpla su parte del pacto mediante el cual Convergència i Unió (CiU) garantiza la estabilidad del Ejecutivo de Felipe González.Las direcciones de los dos partidos integrados en la coalición CiU admitieron ayer que una de las causas del retroceso experimentado por los nacionalistas en Cataluña es el descontento de una parte del electorado convergente por el apoyo que CiU presta al Gobierno del PSOE desde 1993. CiU bajó el domingo un 3,3% respecto de las municipales de 1991.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reiteró la disposición de CiU a mantener su compromiso de apoyo al Gobierno, pero admitió que la principal preocupación de lacoalición nacionalista es saber si el Ejecutivo socialista "tiene no sólo la voluntad, sino también la capacidad" de cumplir su parte del acuerdo con CiU. Pujol fue tajante al emplazar al Gobierno a demostrar con acciones dicha voluntad y dicha capacidad, aunque dijo que los nacionalistas no han marcado ningún plazo. "Y si lo hubiésemos hecho, lo habríamos marcado en privado", precisó.

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Los dirigentes nacionalistas pusieron ayer de relieve en las reuniones de las cúpulas de Unió y de CDC la necesidad de demostrar de inmediato a su electorado que el apoyo prestado al PSOE en Madrid no es fruto de un capricho banal sino que tiene traducciones concretas en política económica, autonómica y europea.

En este sentido, reclamaron que los presupuestos de 1996respondan a las exigencias de CiU en política económica y fiscal, así como el traspaso inmediato de un paquete de competencias que el Consejo de Ministros había de aprobar en su última reunión pero que quedó encima de la mesa, según Pujol a causa del temor de los socialistas a que ese traspaso fuese utilizado electoralmente por el PP para atacar al eje PSOE-CiU en los comicios del domingo pasado.

También criticó Pujol el aplazamiento hasta fin de año del traspaso de competencias de vigilancia del tráfico, decidido por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, bajo el argumento de que falta un informe jurídico. El presidente catalán dijo que pedir más de seis meses para hacer un estudio jurídico es "una ofensa a la inteligencia".

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