España y México cambian su tratado de extradición ara intentar acabar con el "santuario etarra"

El Gobierno español ha concluido y rubricado con México una modificación del tratado extradición bilateral -firmado en 1978 y vigente desde 1980-, que le permitirá solicitar la entrega de presuntos miembros de la banda terrorista ETA afincados allí, según indican fuentes diplomáticas. Unos 200 etarras residen en México, pero sólo la mitad de ellos están dispuestos a reincorporarse a la lucha. La ampliación del acuerdo se negoció en secreto a petición de México.

I. C. El director general de Asuntos Consulares del Ministerio español de Asuntos Exteriores y el subprocurador jurídico de la República mexicana [número dos el departamento de Justicia] rubricaron en México el pasado 12 de mayo la modificación del tratado de extradición.El tratado firmado hace 17 ños sólo definía como delitos políticos susceptibles de extradición el homicidio y los atentados contra la vida, la integridad física y la libertad del jefe del Estado o del Gobierno y de sus familiares directos.

La nueva versión incluye en la categoría de delitos que pueden dar lugar a una extradición todos aquellos recogidos en el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo que son os que figuran en los tratados bilaterales que España ha suscrito con los estados de la UE.

Delitos fiscales

El texto precisa además: "En ningún caso se considerarán delitos políticos los actos de terrorismo". Otra modificación introducida ahora prevé la concesión de a extradición por delitos fiscales, una categoría de delitos que el tratado primitivo no incluía.

El Consejo de Ministros español dará en breve la autorización para firmar el tratado al titular de Exteriores, Javier Solana, con motivo de la visita a Madrid, en junio, del procurador general de la República de México, Fernando Antonio Lozano.

El texto se remitirá después a las Cortes para su aprobación y, finalmente, ambos gobiernos intercambiarán los instrumentos de ratificación. Transcurrirán todavía nueve meses hasta que entre el vigor el nuevo tratado.

Entonces tendrán posibilidades de prosperar las solicitudes de detención con finalidad de extradición que las autoridades españolas han cursado hasta ahora, la última de ellas de Begoña Sánchez del Arco, cuya tramitación inició precisamente ayer el Ministerio de Exteriores español.

Con anterioridad, España pidió la detención de otros cuatro presuntos etarras, García Pingarrón, Arrese, Galarza y García, pero todavía no ha remitido toda la documentación que debe acompañar la demanda. Otros 60 tienen órdenes de búsqueda y captura emitidas por la Audiencia Nacional, por lo que se podría también pedir su entrega.,

México denegó el año pasado la única solicitud de extradición que el Ministerio de Justicia español llegó a formalizar. Se trataba de la de Esteban Murillo Zubiri, al que se considera responsable de un atentado perpetrado en San Sebastián, en 1978, y que causó la muerte de cuatro personas.

Jesús Martínez Torres, asesor de la secretaria de Estado de Seguridad, Margarita Robles, elaboró un informe, tras una reciente visita a México, en el que estima que casi 200 etarras residen en aquel país, aunque señala que tan sólo un centenar de ellos estarían dispuestos a reincorporarse a la actividad terrorista.

Los principales etarras instalados en México son Miguel Angel Achega Alcorta, ex alcalde de Herri Batasuna que ayudó al comando Barcelona; Jesús María López González, Txuma, que perteneció al comando Ipar Haizea; José María Selgui Elorza, Txipi, supuesto inspirador de la muerte del senador Enrique Casas, y José María Garitaonaindía, cabecilla de un comando legal.

La primera visita de Solana a México, en febrero pasado, tres meses después de la toma de posesión del presidente Ernesto Zedillo, y la que hizo a Madrid. en marzo el canciller mexicano, José Angel Gurria, han impulsa do políticamente la negociación del tratado entre ambos ministerios de Justicia. En círculos diplomáticos españoles se considera, no obstante, que Lozano, que ocupa un cargo semejante al de ministro de Justicia, se ha mostrado muy receptivo, probablemente porque pertenece al Partido de Acción Nacional (PAN) y no al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PRI, que monopoliza el poder Ejecutivo en México desde principios de siglo, se ha mostrado preocupado a lo largo de la negociación por presevar la imagen de su país como tierra de asilo, al tiempo que parecía temer la reacción de la influyente colonia vasca allí asentada. Algunos de sus miembros más respetables pertenecen al Comité de Acogida de Refugiados, que ayuda a los etarras a instalarse en el país.

De ahí que la parte mexicana pidiese discreción a la española sobre la negociación. La delegación española, integrada por funcionarios de Exteriores e Interior y Justicia, se comprometió a guardar el secreto al menos hasta la próxima reunión del llamado Pacto de Madrid, que todavía no tiene, fecha fijada. En ese foro, el ministro del Interior informa a los partidos parlamentarios de los avances en la lucha antiterrorista.

Las autoridades españolas esperan que la nueva versión del tratado sirva de ejemplo para otros países latinoamericanos, como Venezuela y Uruguay.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 23 de mayo de 1995.

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