Sindicatos y ONG participarán en la concesión de ayudas al Tercer Mundo)

El Consejo de Cooperación al Desarrollo, creado ayer por un real decreto del Consejo de Ministros, contará entre sus vocales con representantes de las centrales sindicales, las asociaciones empresariales y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El nuevo consejo, será el encargado de fijar los criterios para la concesión de las ayudas oficiales al desarrollo y del seguimiento de los proyectos otorgados al Tercer Mundo.

El consejo estará presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, y tendrá como vicepresidentes a los secretarios de Estado de Cooperación Internacional y de Comercio Exterior. Contará además con otros 10 vocales de la Administración, seis de las ONG, cuatro de los agentes sociales y cuatro expertos en materia de cooperación internacional.Otro real decreto aprobado ayer establece los certificados de profesionalidad, que permitirán a los demandantes de empleo acreditar su capacitación y cualificación profesional para acceder a un puesto de trabajo. Los certificados, que tendrán vigencia en toda España, deberán revisarse cada cinco años y contendrán información sobre las competencias profesionales de cada trabajador.

Estos certificados podrán conseguirse realizando cursos de formación profesional ocupacional, programas de escuelas-taller y casas de oficios, por contratos de aprendizaje, formación continua y por experiencia laboral. Constarán en un registro general del Instituto Nacional de Empleo (Inem). Los ministerios de Trabajo y Educación deberán establecer las convalidaciones entre las distintas variantes de la formación profesional.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley por el que se crea un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados (ver EL PAÍS de ayer).

Fondos de la droga

El fondo se dedicara a la financiación de programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral de toxicómanos, así como a la mejora de la prevención, investigación, persecución y control de los delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Los ciudadanos de cualquier Estado de la Unión Europea (UE) podrán acceder a la función pública española en las mismas condiciones que los nacidos en España. El acceso se efectuará mediante la participación en las convocatorias y pruebas selectivas para funcionarios de investigación, docencia, sanitaria y de correos.

También se aprobó ayer la contratación de obras para carreteras por valor de 20.000 millones de pesetas. La mayor partida irá destinada al tramo Estivadas-Alto de Allariz, en la provincia de Orense, perteneciente a la Autovía de las Rías Bajas, que comunicará Galicia con el centro de la península.

En el capítulo de nombramientos, Juan Alfonso Ortiz Ramos fue nombrado embajador de España en Egipto.