El PNV asegura que aún hay complicidad entre mafias y guardias civiles en Euskadi

El PNV tiene "sospechas razonables" e "indicios claros" de que siguen existiendo "complicidades" entre clanes de narcotraficantes y contrabandistas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco, como las denunciadas en 1989 por el fiscal jefe de San Sebastián en el llamado informe Navajas, según dijo ayer en el Congreso el diputado José Juan González de Txabarri al fiscal general del Estado, Carlos Granados.

Granados reconoció que el original del informe Navajas, que el fiscal Luis Navajas entregó en mayo de 1989 a su antecesor Javier Moscoso, se ha perdido; pero dijo haber hallado una copia del mismo, ya que la fiscalía guipuzcoana volvió a remitirlo meses después, en una fecha que no pudo precisar, por vía fax. En todo caso, Granados restó importancia al extravío del documento pues, según dijo, sólo era un resumen, de carácter reservado y para uso interno, de las diligencias informativas 1/89, abiertas en diciembre de 1989 por el fiscal, después de que algunos narcotraficantes denunciasen a agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), bajo el mando del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo.

El fiscal general del Estado desmintió que estas denuncias, a su juicio "vagas y sin confirmación", no se investigasen. Al contrario, agregó, el informe Navajas fue incluido "casi literalmente", en abril de 1991, en las diligencias previas 491/91, que instruía el juzgado número 1 de San Sebastián. Dichas diligencias acabaron , en noviembre de 1993, con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.

González de Txabarri rechazó esta versión y afirmó que "el informe Navajas jamás ha sido sobreseído porque jamás ha sido investigado". Lo que archivó el juzgado de San Sebastián fue, en su opinión, el contrainforme Navajas, ordenado por el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, para sabotear la investigación de la fiscalía.

El portavoz del PNV denunció lo que calificó de "complicidad estructural e institutucional" para "enterrar un tema muy grave". Por su parte, Xabier Albistur, del Grupo Mixto, próximo al PNV, afirmó que "el tiempo, como el mar, devuelve los cadáveres" y que la clarificación de este tema "es el mejor lazo azul que nos podemos poner", en alusión al símbolo de la campaña por la libertad de José María Aldaya.

Para demostrar que las diligencias 491/91 recogen "lo sustancial" del informe Navajas, Granados leyó el único párrafo alusivo en ambos documentos al jefe de Intxaurrondo, Rodríguez Galindo, a quien un preso por narcotráfico, en base "a noticias oídas en la cárcel", relacionó con presuntos contrabandistas, con los que se reuniría periódicamente en un chalé en La Rioja.

Federico Trillo, del PP, acusó a la Fiscalía General del Estado de "retardo e inactividad" en la investigación del informe Navajas, así como de "negligencia en la custodia" del documento. Más duro fue, sin embargo, con el PNV, del que dijo que "uno no sabe si lo que está buscando es un informe o un coronel", en referencia a Rodríguez Galindo, y que "hay que respetar los autos [judiciales] de archivo y no hacer insinuaciones calumniosas".

José María Mohedano, del PSOE, intervino en la misma línea: "No conozco de nada al señor Rodríguez Galindo", dijo, pero ni siquiera en campaña electoral podemos poner gratuitamente en duda la honorabilidad de miembros de las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando han cumplido una labor fundamental en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco".