El PSOE se niega a que las nuevas penas del futuro código se regulen por ley

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados aprobó ayer 34 nuevos artículos del proyecto de Código Penal, relativos a las personas criminalmente responsables y a las penas, que introduce novedades como el arresto de fin de semana y los trabajos en beneficio de la comunidad. El PSOE se negó a que tales nuevas penas se regulen por ley y mantuvo que bastará una normativa reglamentaria. En la inhabilitación electoral se suprimió la vigente privación al penado de su derecho a votar, aunque no pueda ser elegido.

Frente a la diversidad de nuevas penas, Federico Trillo, por el PP, invocó otros códigos democráticos centrados sobre la privación de libertad.El diputado de IU Diego López Garrido explicó la crisis de la clásica pena de cárcel y elogió la posible sustitución de las penas de menos de tres años de prisión por arrestos de fin de semana y trabajos en beneficio de la comunidad. Por el PSOE, Manuel de la Rocha asumió parte del discurso de IU.

En lo que no coincide IU y PSOE es en la regulación de: las nuevas y modernizadoras penas. López Garrido insistió en que una serie de "circunstancias de ejecución" del arresto de fin de semana y los trabajos en beneficio de la comunidad se regulen "por ley" y no "reglamentariamente", como prevé el texto del proyecto de código. En el primer caso, un error en la votación por parte de CiU dio la victoria a IU, si bien poco después fue suprimido el párrafo que albergaba su enmienda. De la Rocha aseguró que los detalles de la ejecución de este tipo de penas no tienen por qué ser regulados por ley.

El vigente Código Penal establece como alcance de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio, la privación al penado del "derecho de elegir y ser elegido durante el tiempo de la condena para el cargo electivo sobre el que recayere".

Una novedad introducida ayer en el proyecto de código -similar al vigente en este punto- fue la aprobación de una enmienda de viva voz presentada por el PSOE, que elimina la referencia al sufragio activo, con lo que cuando se imponga tal pena sólo podrá tener el alcance de impedir al condenado ser elegido, pero no privarle de su derecho a votar.