El juez Moreiras inculpa auditor de PSV

El juez del caso PSV, Miguel Moreiras, decidió ayer la inculpación por negligencia profesional de José María Fernandez Rodríguez, el auditor de Ernst & Young que revisó las cuentas de la cooperativa de viviendas y de su gestora IGS entre 1990 y 1993, sin detectar las irregularidades que se demostraron después. La decisión genera el precedente de inculpar a un auditor por los resultados de su actividad profesional.Fernández Rodríguez deberá comparecer como inculpado cuando se celebre el juicio oral. sobre la. crisis de la cooperativa. El auditor es la quinta persona inculpada en este caso, tras el ex gerente de PSV, Carlos Sotos -en prisión preventiva-, los ex directivos de la cooperativa Francisco Hernández y Fermín Bretón y el antiguo responsable de finanzas de UGT, Paulino Barrabés.

En un auto emitido ayer, Moreiras señala que el auditor, "con su actitud profesional negligente y descuidada", contribuyó al daño causado a los cooperativistas, por más que "no tuviera intención dolosa" ni se apropiara de cantidad alguna. La decisión del juez, que es contraria a la opinión del fiscal, es consecuencia de la ampliación de querella presentada por el abogado Francisco Méndez Goas, en representación de un grupo de cooperativistas.

Según fuentes judiciales citadas por Efe, los bienes de los otro cuatro inculpados ya han sido embargados, como consecuencia de la fianza por responsabilidad civil de 42.000 millones que pesa sobre ellos, y el juez decretará de forma inminente la extensión de ese embargo a PSV, IGS y UGT, a los que considera responsables civiles subsidiarios.

En relación con la prisión preventiva del ex gerente de PSV, Carlos Sotos, el ex secretario general de UGT, Nicolás Redondo, aseguró ayer que "ya es hora, sin meterme en la responsabilidad de los jueces, de que a Carlos Sotos se le conceda la libertad". "Yo tengo la idea", declaró Redondo, "de que Sotos es un hombre que no ha sido deshonesto, que se ha podido equivocar en la gestión".

Responsabilidades

Sobre su responsabilidad en la crisis de PSV, el ex secretario general de UGT señaló a Servimedia: "En mi caso concreto, estoy doblemente implicado. Primero, moralmente, como anterior secretario general del sindicato. Segundo, porque puse casi seis millones y todavía no tengo piso,". Redondo reconoció que tardaron "mucho tiempo en reaccionar" y recordó las siete reuniones que mantuvieron el entonces secretario de organización de UGT, Antón Saracíbar, y el secretario de finanzas, Sebastián Reyna, con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. A estos encuentros siguió la reunión que mantuvo Redondo con el presidente del Gobierno, Felipe González, y con Serra en diciembre de 1993, cuando se decidió que la cooperativa suspendiera pagos.