IU, PNV y CC proponen despenalizar la insumisión

Tres grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados -Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC)- proponen despenalizar la insumisión y suprimir en el futuro Código Penal el correspondiente delito. Los diputados del Grupo Mixto, Pilar Rahola (de Esquerra Republicana de Catalunya), y Xabier Albistur (de Euskadiko Ezquerra), también se oponen al mantenimiento de este delito.Frente a las vigentes penas de cárcel para quienes se niegan a realizar la prestación social sustitutoria del servicio militar, el proyecto de Código Penal -no modificado en este punto por la ponencia- distingue entre la conducta del objetor de conciencia que no se presenta al servicio militar asignado o se presenta con retraso no justificado, al que castiga con pena de prisión de seis meses a dos años, y la del que, "citado legalmente para el cumplimiento de la prestación social, se negare de modo explícito o por actos concluyentes a cumplirla, sin causa justificada". Para esta última conducta establece pena de multa e "inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 14 años".

La inhabilitación incluirá "la incapacidad para desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de cualquiera de. las administraciones, entidades o empresas públicas o sus organismos autónomos, y para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo". El PP no ha enmendado esta regulación, mientras CiU propone unificar ambos delitos de insumisión, suprimir la pena de cárcel y reducir la de inhabilitación a de ocho a 12 años.

Los grupos que proponen la supresión del delito motivan su enmienda. IU recuerda que "la identificación de gran número de ciudadanos de nuestro país con estas conductas ha generado un grave problema social, judicial y penitenciario", por lo que la actitud penalizada "no merece reproche social". El PNV coincide con tal criterio.

CC cree que el principio de intervención penal mínima aconseja excluir del Código Penal una conducta que, "en el peor de los casos", podría ser objeto del "derecho administrativo sancionador". Por su parte, Rahola justifica su enmienda en que "siendo la opinión mayoritaria de la sociedad que el servicio militar tendría que ser voluntario, procede la supresión" de estos delitos.