La Ley de Protección del Menor exigirá una gran estructura de servicios sociales

A finales del siglo XX, en Madrid y otras ciudades hay padres que atan a la cama a un hijo de 14 años o que le castigan con cuatro días sin comer o con una bofetada. Lo dice un psicólogo de menores, Javier Urra, preocupado por la respuesta social que pueda suscitar la futura Ley de Protección Jurídica del Menor, que obliga a "toda persona" a comunicar a la autoridad las situaciones de malos tratos que conozca. Frente al peligro de inhibición que esta medida pueda producir en una ciudadanía reacia a meterse en líos con la justicia, los expertos confían en una colaboración positiva con los servicios sociales, pero temen que tal actitud sea inútil si no se crea una estructura seria y eficaz de los mismos.

El proyecto de ley es tajante en sus primeros artículos. En el primero, obliga a los poderes públicos a proteger al menor mediante "el establecimiento de servicios, la prevención y reparación de situaciones de riesgo, el ejercicio de la guarda y, en los casos de desamparo, la asunción de la tutela". Y en el segundo exige que "toda persona que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor lo comunicará a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise".Carmen Pujol, presidenta de la Asociación de Mujeres Themis, cree positiva la obligación general de comunicar la existencia de malos tratos a menores, porque "tanto los médicos como todos nos escaqueamos bastante en estas materias". Pero es tajante en cuanto a la utilidad de la medida: "Significa una mayor protección, pero o bien hay una respuesta por parte de los poderes públicos, mediante una estructura seria de servicios públicos para atención a los menores, o la ley se queda en papel mojado, en una declaración de intenciones".

Vecinos cautos

Urra reconoce que a los juzgados de menores "nos llegan muchos casos", dice, "de vecinos o médicos que conocen los malos tratos recibidos por los menores, pero que se muestran cautos si al final van a tener que poner una denuncia o ejercer una acusación". El médico Luis Martín Álvarez, presidente de la Asociación Madrileña para la Prevención de Malos Tratos, confirma esta experiencia, pero recuerda: "Antes, la inhibición era mayor, porque apenas existían servicios sociales, las medidas estaban muy judicializadas y, al final, el denunciante terminaba temiendo que lo que le ocurriera al menor fuera peor que los malos tratos".

¿Qué ocurre ahora, antes de la vigencia de la nueva ley, cuando alguien se atreve a comunicar a las autoridades los malos tratos que recibe un menor? Félix Pantoja, fiscal coordinador de los Juzgados de Menores de Madrid, recuerda que "independientemente de que la ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a denunciar cualquier delito que se conozca, el alcance de la nueva ley es el de poner al menor en manos de los servicios sociales". Pantoja explica que ya actualmente, si alguien observa la situación de riesgo de un menor, "debe ponerlo en conocimiento de la asistente social del distrito, porque no se trata tampoco de implantar un Estado policial en el que todos se espíen y denuncien mutuamente".Pero si los malos tratos son graves y se inician unas actuaciones judiciales penales, no puede ocultarse que los denunciantes se verán envueltos en el proceso. El fiscal Pantoja lo niega: "Como mucho, tendrán que ir como testigos, pero nada más. El Ministerio Fiscal asume la denuncia y es el que ejerce la acusación". Pujol, que es abogada, no ve en principio obligado que el denunciante de malos tratos tenga que ejercer la acusación que asumirá el fiscal. Urra, espectador de excepción en la Administración de Justicia, lo confirma, con matices: "Es verdad que el fiscal se hace cargo de la acusación, pero el juez llamará después a los denunciantes para que ratifiquen la denuncia, aunque los padres denunciados desconozcan su identidad".Pantoja explica que la mayoría de los casos de malos tratos no van a la jurisdicción penal, sino que se encauzan por la civil, que es la vía utilizada por la futura ley de Protección del Menor. Relata un caso concreto: "Hace poco, la directora de un instituto de enseñanza media, dio cuenta a la Fiscalía de Menores de que una alumna padecía anorexia. Los padres no reaccionaron. Entonces, les demandamos, por vía civil. La directora del instituto vino de testigo y el asunto está en vía de solución a través de los servicios sociales".El médico Martín Álvarez admite alguna resistencia de sus colegas a denunciar malos tratos, aunque reconoce que "raramente ha habido una situación desagradable". Indica que "se suele dar cuenta de que el niño está siendo maltratado, pero no quién es el agresor; lo que se dice es que ese niño necesita ayuda". Todos los expertos coinciden en que lo importante es la defensa del menor, según exige el Convenio de la ONU sobre Derechos del Niño, que la futura ley invoca.

Ayudar al menor

El proyecto de ley ya en el Parlamento introduce en el Código Civil la obligación del juez de familia de dictar, de oficio o a instancia de parte, incluido el fiscal, medidas que aseguren la prestación de alimentos y provean a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber por sus padres, disposiciones que eviten a los hijos perturbaciones dañosas en caso de cambio de titular de la guarda y, en general, para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios.

Pantoja indica que, "en los casos de riesgo, no es preciso quitar el menor a su familia, sino ayudarle en su situación, y sólo en casos extremos despojarle de la guardia y custodia". Para ello se crea el acogimiento preadoptivo, el familiar provisional y el familiar con vocación de permanencia. "Como en otros países con más tradición de acogimiento, en España hay acogedores familiares profesionales, que se dedican a eso", explica. Otra de las novedades es que se exige el requisito de idoneidad para los adoptantes, con acceso al juez para que la declare. "Por el momento sólo pueden ser declarados idóneos matrimonios o parejas integradas por hombre y mujer. A ver si él Parlamento incorpora las parejas homosexuales".