Así cayó Moto en la trampa

La gota de agua que hizo desbordar la escasa paciencia del presidente Teodoro Obiang Nguema con sus adversarios políticos cayó el 28 de noviembre pasado. Ese día el más conocido de los opositores ecuatoguineanos, Severo Moto, de regreso de un viaje de cuatro días a Washington, hizo unas declaraciones a Radio Exterior de España. En ellas afirmaba haber logrado el compromiso del Departamento de Estado norteamericano de combatir el narcotráfico amparado por el régimen del dictador.La camarilla de Obiang pensó entonces en procesarle por calumnias contra el jefe del Estado, pero prefirió esperar un poco para ver si podía imputarle más cargos. El presidente del Partido del Progreso (PP) les brindó esa oportunidad mes y medio después. Obsesionado por encontrar pruebas que vinculen al régimen con el tráfico de drogas, Moto dio por seguro que un mozo militar procesado por intento de robo en el Palacio Presidencial había, en realidad, descubierto en las dependencias de Obiang un armario repleto de droga.

Encargó al secretario de Finanzas de su partido, Tomás Elo, que intentase aportar pruebas, y éste se dirigió al que creía ser el juez instructor de aquella causa, Eduardo Minang, que es además su suegro y al que ha acogido largo tiempo en su domicilio. El 22 de enero le solicitó una copia de las diligencias.

La seguridad de Oblang se había enterado de la gestión. Ordenó a Minang que exigiese a su suegro que le entregase la petición por escrito, y Elo accedió a escribirle una nota en la que le solicitaba copia de las diligencias y ofrecía entre 300.000 y 500.000 francos CFA (75.000 y 125.000 pesetas), pero el texto no llevaba ni fecha ni firma.

Aún así, Obiang y su entorno consideraron que, a partir de entonces, a Moto y a su secretario de Finanzas se les podía también inculpar y juzgar por corromper a funcionarios públicos. El 6 de marzo, el presidente del PP fue condenado a dos años y medio de cárcel y su Tesorero a dos. La condena llevaba aparejada la inhabilitación para cargo público y la privación del derecho de voto. Moto ya no se podrá presentar a las elecciones municipales ni presidenciales. Quedaba neutralizado durante 30 meses.

Para parte de la camarilla palaciega del presidente no bastó con eso. Había que inutilizar políticamente a Moto para siempre. El secretario de Estado de Seguridad, Manuel Nguema, y su director general" Armengol Ondo, llevaban ya algún tiempo urdiendo un plan para lograrlo. Su principal baza fue Agapito Ona, el secretario general del PP, que, amenazado y sobornado, traicionó el 27 de febrero a su jefe. Efectuó unas declaraciones por la radio y televisión local en las que implicaba a Moto en la preparación de un golpe de Estado militar apoyado por España y EE,UU.

Para dar credibilidad a las acusaciones del que fue el brazo derecho del presidente del PP, se fomentaron los rumores sobre la inminencia de una intentona golpista.

El abogado español Roberto Rodríguez Casas, con numerosos negocios en Guinea, comunicó en febrero a sus socios en Malabo, según fuentes de la Administración española, que mercenarios que habían participado en una acción bélica en Gambia, se están ahora entrenando en Canarias. El letrado desmiente rotundamente haber proporcionado tales datos.

Paralelamente, se empezaron a producir en la zona continental del país las primeras detenciones de militares supuestamente golpistas. El 2 de marzo salió a la palestra el ministro portavoz del Gobierno, Antonio Nve, y aseguró que en los fracasados planes de Moto figuraba nada menos que un "ataque masivo" del portaeronaves español Príncipe de Asturias contra el recién celebrado congreso del Partido Democrático que encabeza Obiang.

Para entonces está claro que el presidente guineano se está dejando convencer por sus lugartenientes de la necesidad de procesar una segunda vez al más célebre de sus contrincantes, acusándole ahora de intento de golpe de Estado por lo que podía ser condenado a muerte. Por esas fechas Obiang mantiene una conversación con su embajador en Madrid, Santiago Nsobeya, en la que afirma que no se va a dejar asustar por la campaña en pro de la liberación de Moto. No hay que doblegarse ante ellos, recalca. La situación de Moto, prosigue se debe a sus actos, por su desconocimiento de los principios democráticos. Compara el caso con el del sargento Venancio Micó, militar presuntamente golpista cuyo procesamiento produjo en 1983 un revuelo similar en España pero que después cayó en el olvido mientras el condenado se pudría en la cárcel. De toda la cruzada contra su régimen, lo que más le saca de quicio a Obiang son las acusaciones en prensa española que le involucran con el tráfico de drogas. Afirma a Nsobeya que, mientras persistan, no habrá mejora de las relaciones bilaterales.

Al enjuiciamiento de Moto hay que darle, sin embargo, todas las apariencias de respetar las normas del Estado de derecho. De ello se encargará Rodríguez Casas con el que se pone en contacto en febrero el secretario de Estado se Seguridad para invitarle a viajar a Malabo. El propio abogado reconoce que su labor de asesoramiento ha consistido "en tratar de evitar que, en un país aún en transición hacia la democracia como Guinea, se produzcan atropellos". "El procesamiento y el juicio debían ser limpios y transparentes y creo que así lo han sido", concluye.