Luz verde a la fiscalía especial anticorrupción

La fiscalía anticorrupción, una de las medidas propuestas por el Grupo Popular en el debate del estado de la nación en abril de 1994 y asumida por todos los grupos parlamentarios, es ya una realidad. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad de los 245 diputados presentes una enmienda de carácter técnico procedente del Senado, con lo que el proyecto de ley para crear la fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción quedó definitivamente listo para ser publicado en el BOE y entrar en vigor.Diego López Garrido, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC), quiso resaltar que no basta "con la creación orgánica de esta fiscalía en el BOE, sino que es importante que se le dote de medios económicos materiales y persona les" y, sobre todo, dijo López Garrido, "es fundamental que el Gobierno colabore en todo momento con la fiscalía y con la justicia para que sea un hecho y una realidad la represión de estos delitos económicos relacionados con la corrupción. Julio Padilla, portavoz del PP, recordó que la creación del fiscal anticorrupción se ha logrado "a impulso del Grupo Popular". Padilla advirtió que su grupo mantiene una reticencia ante el proyecto porque la actuación de la fiscalía especial anticorrupción "está condicionada por una valoración del fiscal general del Estado" y "como el criterio del fiscal general parece que tiene una tendencia retrictiva" el diputado hizo una llamada a Carlos Granados para que "tenga una especial sensibilidad en apreciar la trascendencia de este tipo de delitos de forma que ninguno pueda quedar soslayado en la intervención de esta fiscalía especial".

El portavoz socialista, Eduardo García Espinosa, recalcó que esta ley "no es un hecho aislado, sino que se inscribe en el contexto de dotar al ordenamiento jurídico español de un cuerpo legal, una ingeniería legal bastante insuficiente hasta ahora para luchar contra la corrupción".

García Espinosa dio seguridades de que la creación de la fiscalía anticorrupción "pone en la práctica la voluntad política real, y no retórica, para dotar a nuestro ordenamiento de una arquitectura legal suficiente para la lucha contra la corrupción".