Alcaldes de Entrepeñas y Buendía se encierran en la sede del Ministerio de Obras Públicas

Alcaldes de la asociación de municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía estaban encerrados ayer al cierre de esta edición en la sede del Ministerio de Obras Públicas, en Madrid, con el fin de exigir una reunión inmediata con José Alberto Zaragoza, el secretario de Estado de Planificación y Obras Públicas, y la reactivación del plan especial dé inversiones para la zona. Según Gregorio Villamil, el presidente de la agrupación, tenían concertada una entrevista con Zaragoza, pero fue desconvocada en la víspera porque debía desplazarse a Galicia. "Muchos de nosotros ni nos enteramos de ello", explicó Villamil a la agencia Efe. Ante esta circunstancia, los regidores pidieron ser recibidos por el ministro, José Borrell, pero éste se encuentra en Berlín en la Cumbre del Clima. Por tanto, "dada la falta de interlocutor", optaron por el encierro hasta poder dialogar con algún alto responsable. Villamil achaca a Zaragoza la demora en la puesta en marcha del plan, prevista para septiembre. El programa en cuestión, propuesto por Borrell para paliar los posibles efectos negativos para el área por el trasvase Tajo-Segura, prevé inversiones por más de 20.000 millones de pesetas en medio ambiente, transportes, carreteras, obras hidráulicas y turismo. El dirigente de la asociación de ediles matizó que el Consejo de Ministros ya las ha decidido y que ahora las negociaciones para su aplicación deben seguir en la Secretaría de Estado.

Los encerrados dirigieron ayer mismo una carta a Borrell para informarle de su situación: "Queremos que se entere de lo que está pasando y del mal trato y las evasivas por parte de Zaragoza". Villamil añadió que el jefe de gabinete del secretario les espetó: "Zaragoza ha dicho que o abandonan el encierro y se avienen a razones o no les recibirá nunca y el plan no saldrá adelante". Un portavoz ministerial concretó que la entrevista de Zaragoza y los alcaldes se había cambiado al próximo día 20.

El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha desestimado en estos días un recurso de la Junta contra la concesión en 1992 de un trasvase de 10 hectómetros cúbicos del Tajo a la cuenca del Segura para poblaciones costeras. El Gobierno socialista de José Bono ha apelado judicialmente en varias ocasiones la concesión de estas transferencias alegando que el Tajo carece de agua sobrante. Su última apelación está pendiente de resolución por la Audiencia Nacional.