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Interior analiza los supuestos restos de Lasa y Zabala con nuevas técnicas

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, aseguró ayer en el pleno del Congreso que se han "adquirido nuevos medios técnicos", destinados al Instituto Nacional de Toxicología, para el análisis de los restos hallados en Alicante y que presuntamente corresponden a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Con esa afirmación, el ministro destacaba la voluntad política de su departamento y del Gobierno para llegar al "esclarecimiento total" del "repugnante asesinato".

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El ministro Belloch contestaba a una pregunta del diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Antonio Romero sobre la actuación del Gobierno en el esclarecimiento del doble asesinato. El ministro dijo que había ordenado a través de la Secretaría de Estado de Justicia que el Instituto Nacional de Toxicología "preste una prioridad absoluta a este tema", y que a través de la Secretaría de Estado de Interior se ha creado un grupo de investigación integrado por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil para investigar lo ocurrido. Romero le replicó que desconfía de su auténtica voluntad a la hora de profundizar en el doble crimen, y Belloch contraargumentó que el diputado de IU ya le había formulado la misma acusación respecto del caso Roldán, y ahora el prófugo está en manos de los jueces. El ministro advirtió a Romero: "Sus palabras no serán olvidadas, y son una muestra más de su talante político".

Juan Alberto Belloch contestó ayer en el Congreso a una batería de diez preguntas sobre distintos asuntos. Al parlamentario popular Julio Padilla le dio seguridades de que "el Gobierno no está dando instrucciones a los funcionarios públicos llamados a declarar ante la autoridad judicial".

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Padilla le había preguntado si los funcionarios llamados a declarar en los casos Roldán, GAL y fondos reservados tenían instrucciones por parte del Gobierno.

El ministro insistió en defender a los policías que no han revelado sus fuentes de información ante los jueces y le aseguró a Padilla que si ellos, una vez en el poder, practicasen sus actuales teorías, acabarían con la eficacia policial.

Eva María Amador, también del PP, acusó al Ministerio de Justicia e Interior de "indolencia" en la investigación del crimen de Alcásser. Belloch lo negó, y argumentó que no siempre es posible descubrir un crimen aunque se investigue. Al también diputado popular Gonzalo Robles le reconoció que el recorte en el Plan Nacional de Lucha contra la Droga ha sido de 1.538 millones de pesetas, un 29,5% sobre lo inicialmente previsto, y no un 40%, como argumentaba el diputado. Robles le replicó al ministro que el recorte es "un hachazo mortal al Plan", pese a que la droga es el segundo problema en la escala de preocupaciones de los españoles.

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