El juez de San Sebastián se inhibe
El juez de San Sebastián Fernando Andreu, instructor de las diligencias por la desaparición, en 1983, de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, se inhibió ayer en favor de la Audiencia Nacional por considerar que, las pruebas practicadas permiten sostener que los cadáveres encontrados en 1985 en Busot (Alicante) pueden pertenecer a los dos jóvenes desaparecidos. En el auto, el juez afirma que, de confirmarse "esa razonable tesis", el secuestro y el posterior asesinato fueron perpetrados por una banda armada, en referencia a los GAL. La competencia recae, por lo tanto, en la Audiencia Nacional.
En el auto se afirma que Lasa y Zabala eran presuntos miembros de ETA y que en la fecha en la que desaparecieron en Bayona (Francia) se produjeron varios atentados reivindicados por los GAL. El 20 de enero de 1984, tres meses después de la desaparición, un comunicante anónimo reivindicó la autoría de los asesinatos en llamada a Radio Popular de Alicante.
En el auto dictado por el magistrado se afirma que el delito de presuntos miembros de los GAL se inició en el extranjero (Francia) y que existen indicios de que en él participaron españoles, como se deriva "de las pruebas testificales existentes".
En el mensaje trasmitido a la emisora de Alicante se anunciaba que iban a combatir todas las manifestaciones en favor de los "terroristas refugiados"; que habían localizado al miembro de ETA Miguel Ángel Apalategui, Apala, y que iban a colocar bombas en las sedes de los partidos políticos y centros públicos.
Además se decía que a las tres de la tarde de ese día se había ejecutado a los miembros de ETA Lasa y Zabala.
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