El fiscal de 'los papeles de Laos' no se pronunciará sobre el juez competente hasta que declare Belloch

Los fiscales de la Audiencia Nacional evitarán pronunciarse sobre quién es el juez competente para investigar el caso -de los papeles de Laos- los documentos falsos que permitieron el encarcelamiento de Luis Roldán- hasta conocer el testimonio del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y de la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles. Los fiscales manejan como hipótesis que el caso pueda ser competencia del Tribunal Supremo si, tras la declaración de ambos, se dedujera una presunta implicación del ministro en el supuesto delito de falsedad de documentos.

El fiscal Pedro Rubira, encargado del caso de los papeles de Laos, tiene previsto solicitar de inmediato al juez Garzón los interrogatorios de Margarita Robles, en un primer momento, y de Belloch, después. A su entender, estas declaraciones son muy importantes para conocer la intervención de ambos en los hechos y, por tanto, para determinar cuál es el órgano competente.Esta petición se producirá como consecuencia de los datos aportados al juez por el director general de la Policía, Ángel Olivares, quien el pasado día 29 manifestó que todos los faxes recibidos como procedentes de Laos lo fueron en el aparato receptor que se encuentra en el domicilio del ministro Belloch.

Olivares, que ayer contrajo matrimonio en Burgos (más información en página 39), dijo también que había sospechado que los documentos de Laos podían ser falsos pero que no intentaron validarlos [comprobar diplomáticamente su veracidad] para no frustrar la captura.

En los planes del juez Garzón no está previsto citar a Belloch, ni nadie se lo ha pedido -ni oficial ni oficiosamente-, según informaron fuentes de su juzgado. Pero en el Ministerio del Interior se tiene el convencimiento de que el magistrado tornará declaración al ministro y a Robles, pese a que, por el momento, no han recibido las citaciones. El ministro tiene la prerrogativa de declarar por escrito, mientras que la secretaria de Estadio podrá hacerlo en su propio despacho.

La petición del fiscal de que declaren Robles y Belloch se producirá antes de que se reúnan los fiscales de Sala, que han sido convocados por el Fiscal general del Estado, Carlos Granados, para el próximo martes, para que se pronuncien sobre el órgano judicial competente y, así unificar los criterios dispares de las fiscalías de Madrid y de la Audiencia Nacional.

De todas formas, ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional hizo público un comunicado en el que asegura que "no existe enfrentamiento alguno" con el fiscal del Estado, si bien admite que "existen diversos criterios de interpretación de naturaleza estrictamente técnico-jurídica, de los que participan algunos miembros de la fiscalía y en concreto el fiscal encargado del caso, discrepantes con la orden del fiscal del Estado".

El comunicado agrega que las discrepancias se resolverán "por los cauces estatutarios legalmente previstos". Estos cauces, si finalmente la orden de Granados es concreta y por escrito, son la invocación del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por parte del fiscal Rubira para salvar su responsabilidad, y Granados responderá resolviendo tras oír a la junta de fiscales de Sala, que ya está convocada.

Granados dijo ayer en Tenerife que "no se ha producido sublevación alguna, sólo se trata de diferencias de criterios interpretativos respecto a los preceptos del Código Penal", informa César Fernández Trujillo. Granados argumentó que "las diferencias son supuestos perfectamente previstos en el estatuto, orgánico del Ministerio Fiscal. Ahora se trata", dijo, "de unificar criterios, porque no hay que olvidar que el Ministerio Fiscal se rige por el principio de unidad de actuación".

Más adelante argumentó que los casos, lo que se requiere que los fiscales de la Audiencia Nacional aporten sus argumentos jurídicos, que serán lados junto a los de la Fiscalía General del Estado en la de Fiscales de Sala". Para Granados, "es enriquecedor este tipo de debates jurídicos" y abogo porque se haga un esfuerzo por llegar a una unidad de actuación. También recordó que no todos los fiscales de la Audiencia Nacional están disconformes con su petición.

Comparecencia en el Congreso

Previamente, el Grupo Parlamentario Popular había pedido la comparecencia urgente de Carlos Granados ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso para que informe sobre "la actitud y criterios generales de la fiscalía con relación al alcance y límites del secreto oficial que puede ser alegado por el Ejecutivo ante los tribunales penales" Federico Trillo, portavoz para , asuntos jurídicos del Grupo Popular, explicó que se trata de "conocer el punto de vista del fiscal, sobre la actitud obstruccionista del Gobierno".

Trillo hizo un recuento de las actitudes que el Ejecutivo ha mantenido ante peticiones judiciales de documentos sobre fondos reservados y de documentos relacionados con la detención de Luis Roldán. El diputado popular dijo que se ha asistido a un "espectáculo impropio de un Estado de derecho" y que el Gobierno se empeña en ampararse en el secreto, pese a que, según dijo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado claramente en el, sentido de que el secreto no puede amparar hechos delictivos.

Para argumentar en favor de que el Ejecutivo entregue todo los que los tribunales le pidan, Trillo invocó una resolución del Consejo de Europa sobre la policía. En ella se ampara el secreto profesional "salvo cuando su actuación", dijo, "haya dado lugar a hechos punibles.