El Gobierno amplía la colocación de Repsol un 4% por la avalancha de peticiones de pequeños inversores

El Gobierno autorizó ayer ampliar en un 4% la privatización de Repsol, en una decisión prácticamente forzada por la presión de la demanda de acciones que han realizado los pequeños inversores. Así, Repsol puede, vender hasta el 19% de su participación pública en la OPV, con lo cual el control del Estado quedará reducido, si se completa la venta, desde el 40,01% que tiene hoy hasta el 21,01%. El Estado ingresará por la operación en tomo a los 205.000 millones de pesetas. El precio máximo por acción para el tramo minorista, que se fijará hoy, no podrá superar las 3.600 pesetas.

El Consejo de Ministros, en vista de la demanda de títulos de Repsol que se han producido durante el periodo del mandato de compra de la colocación, autorizó ayer la privatización de otro 41% del capital de Repsol. De forma que el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) pondrá a la venta 57.000.0000 de acciones de la compañía (45.000.000 cuando la autorización era para el 15% del capital), aproximadamente el 19% del capital. Si se concrete la venta de ese 19%, el INH mantendrá el control del 21,01% del capital aproximadamente. El Estado ingresará por esta operación, a precio de ayer, 205.200 millones de pesetas.La decisión de solicitar al Gobierno una ampliación de la colocación fue tomada el jueves, de forma urgente, debido a que los mandatos de compra estaban superando todas las expectativas. Según los datos conocidos por EL PAÍS, superaban a esa fecha los 200.000 millones de pesetas

[sólo para el tramo minorista, que es para el que se abre periodo de 'mandato de compra']. En estas circunstancias, "los prorrateos iban a ser durísimos y muy frustrantes para los inversores", según informaron fuentes de la compañía. Para evitar esta tensión, se solicitó apresuradamente ampliar la colocación.

Este 4% más del capital en venta será, a todos los efectos, igual que el 15% autorizado anteriormente. Tendrá un 5% de descuento en el tramo minorista y Repsol compensará hasta el 10% de descenso en la cotización de las acciones para tenedores en el plazo de un año, si ese descenso llegara a producirse. Hoy decidirá el INH si en la OPV (Oferta Pública de Venta) se ofrecen los 45 millones de acciones previstos inicialmente o se incluyen también los 12 millones de nueva autorización. De hecho, el folleto de la colocación ya sugería la posibilidad de una privatización más amplia. La sugerencia, finalmente, se ha ejecutado.

Hoy fijará la compañía el precio máximo de venta de la acción para el tramo minorista. Tal precio no podrá ser superior a la cotización máxima de la acción registrada en los cinco días precedentes. Por lo tanto, el precio máximo no podrá superar las 3.600 pesetas. El precio de venta se fijará el próximo 10 de abril.

Se da la circunstancia de que el Consejo de Administración de Repsol aprobó ayer un nuevo Reglamento Interno, para regular la gestión de la empresa según "las facultades y obligaciones que la Ley de Sociedades vigente confiere a los Consejos". Tal reglamento regula los derechos y deberes de los consejeros y de la Comisión Delegada del Consejo, que componen el presidente y vicepresidente, Miguel A. Canalejo, Jaime Carvajal, Emilio de Ybarra, Juan Molins y Roberto Velasco. El Reglamento crea los comités de Auditoría, que presidirá Jaime Carvajal, y de Compensaciones y Desarrollo de la Alta Dirección, presidido por Miguel A. Canalejo.

Decisiones económicas

El Consejo nombró a Miguel Ángel Fernández Ordóñez presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Los vocales de la Comisión serán Juan Ignacio Unda, Miguel Ángel Lasheras, Luis Rodríguez, José Ignacio Pérez, Sebastiá Ruscalleda y Alberto Carbajo.

También aprobó la contratación de obras de infraestructura por un importe total de 28.500 millones. Incluye la contratación del tramo entre las localidades orensanas de Rio Mente y Fumances, la adjudicación en el tramo Villavieja-Rio Mente y la adjudicación del tramo Astorga-Manzanal.

El gobierno aprobó el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y un Real Decreto por el que se fija la cuantía de los módulos base para calcular la indemnización compensatoria básica en zonas desfavorecidas.