10 años de después
El 20 de noviembre de 1984 caía en su consulta de Bilbao, asesinado a tiros, el pediatra Santiago Brouard, de 64 años, un cualificado dirigente de Herri Batasuna. Más de 10 años ha tardado en llegar el caso al Tribunal Supremo, que deberá decidir si da por buena o anula la sentencia de la Audiencia de Bilbao de mayo de 1993. El fallo calificaba el crimen de "claramente político". Quizá por eso la investigación topó con tantos y tan poderosos obstáculos. El policía Antonio Rosinos estuvo a punto de resolverlo en pocas semanas, cuando un confidente le pidió dinero a cambio de los nombres de los autores.
El fiscal del caso, Emilio Valerio, se fue de la lengua e hizo pública la existencia del confidente. Todos los indicios señalan que se trataba de Alberto Granados Céspedes, en cuyo domicilio de Madrid habían estado las armas usadas contra Brouard.
Granados murió en Madrid tiroteado por su cuñado, Miguel Ángel López Ocaña, el 15 de agosto de 1985. Le callaron para siempre. Las declaraciones de López Ocaña ante el juez Bueren para exculpar a su mujer de aquel crimen ofrecieron el hilo para desenmadejar el ovillo Brouard.
Ocho jueces de instrucción sucesivos, entre ellos María Elisabeth Huerta; una labor detectivesca del abogado de la familia Brouard, Txema Montero, y más de 5.000 folios de sumario llevaron a los jueces a la convicción de que el asesinato fue obra del hermano de Miguel Ángel, Rafael López Ocaña.
Las armas las proporcionó Juan José Rodríguez Díaz, el Francés. Sospechoso de haber participado junto a López Ocaña, Luis Morcillo Pinillos prefirió poner tierra por medio y escapar de España.
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