Los partidos acuerdan elevar el delito fiscal a un 20% de la cuota si supera 15 millones

Los grupos parlamentarios del PSOE, PP, CiU y PNV acordaron ayer que el límite mínimo para el delito fiscal se establezca en un 20% de la cuota total que hubiera correspondido pagar, siempre que este porcentaje supere los 15 millones de pesetas. También alcanzaron un principio de acuerdo para que no se juzgue a quienes hayan regularizado su situación con Hacienda. Esto último está, sin embargo, pendiente de una decisión fínal del Grupo Parlamentario Socialista, ya que Justicia no está de acuerdo.

La reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública se desbloqueó ayer. Tras varios meses de negociaciones, el proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes a finales del pasado verano va a cambiar en dos de sus aspectos fundamentales, el límite cuantitativo y la llamada excusa absolutoria. El Gobierno dejó en cinco millones de pesetas el mínimo a partir del cual un fraude-puede considerarse delito fiscal. Estableció, además, la exención de penas para aquéllos que hubieran regularizado su situación mediante la compra de deuda, pública especial o presentación de declaraciones complementarias a finales de 1991.Ese límite de cinco millones estaba vigente desde el año 1985. y, a pesar de que había quedado claramente desfasado, el Gobierno decidió no modificarlo. La razón es que el, Gobierno no quería que, por elevar el límite a 15 millones de pesetas, el. ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, pudiera librarse de un proceso por delito fiscal.

El acuerdo sellado ayer por los principales partidos políticos supone, como explica la diputada del PSOE, Mercedes Aroz, actualizar una ci6a que había quedado desfasada, dejar el delito para las conductas más graves y establecer un sistema proporcional más justo". Juan Costa, diputado del PP, coincide en estos argumentos y añade que ello tendrá la ventaja de que, "se ganará eficacia".

Así, tanto el PSOE como el PP, CiU y el PNV han acordado que el límite a partir del cual un fraude no se castigue por la vía administrativa, sino por el procedimiento penal será un 20%. de la cuota que se hubiera tenido que pagar. La cuantía que resulte tiene que superar, en todo caso, los 15 millones de pesetas.

Se establece así un baremo proporcional de forma que cuanto mayor sea el fraude en relación la cuota total más probabiliades hay de ser procesado, lo que nunca podrá ocurrir por debajo de 15 millones.

Ramón Espasa, diputado de Izquierda Unida, que, conoció ayer el acuerdo por este periódico, lo calificó de "salvajada". Según dijo, "a partir de ahora sólo quienes tengan unos ingresos de más de 48 millones de pesetas, en el IRPF podrán cometer delito fiscal por el límite de los 15 millones y, lo que es más grave, el porcentaje del 20% de la cuota significará que cuánto más rico se sea más se podrá defraudar".

En cuanto a la llamada excusa absolutoria, los grupos políticos han alcanzado sólo un principio de acuerdo. Consiste en que aquellos que hayan regularizado su situación de acuerdo con lo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1991 -compra de deuda pública especial o presentación de declaraciones complementarias, sin sanciones ni intereses- no sólo se les eximirá de la posible pena, sino que no serán juzgados

El proyecto del Gobierno dejaba abierta la posibilidad de un proceso y una condena que no se cumpliría y es la idea en la que ahora insiste el Ministerio de Justicia. La razón es que, si por ejemplo, alguien roba y luego lo devuelve, el delito sigue existiendo y debe ser juzgado en base a los perjuicios de todo tipo que se hayan podido ocasionar. En el caso del delito fiscal, los partidos creen que no tiene sentido juzgar sino hay posibilidad de condena y abogan por desatascar los tribunales.