El líder de la oposición guineana seguirá en la cárcel si no paga 30 millones

ÁNGEL A. HERNÁNDEZ. Severo Moto, el principal líder de la oposición en Guinea Ecuatorial y presidente del Partido del Progreso (PP), ha ganado el recurso contra su encarcelamiento en la prisión de Black Beach, situada en la bahía de Malabo, pero no podrá salir de allí debido a la drástica aplicación del Código Penal guineano. La sentencia del recurso modifica la pena de prisión por la de arresto domiciliario, o, como el texto define, por "residencia adecuada vigilada", pero para lograr la aplicación del fallo Moto tiene que pagar 120 millones de francos CFA (unos 30 millones de pesetas).

Moto y el tesorero del partido, Tomás Elo Aka, fueron condenados el día pasado 6 a dos anos y medio de cárcel el primero y a dos años el segundo por los delitos de corrupción a funcionario público y calumnias contra el jefe del Estado. Tras la sentencia, la defensa interpuso dos recursos, uno contra todo el fallo, cuya vista se celebrará dentro de 15 días, y el otro contra la ejecución inmediata de la pena de prisión sin esperar a que la sentencia sea firme. Elo también ha obtenido el cambio de prisión por el de arresto domiciliario previo pago de 30 millones de francos CFA. El juicio fue considerado "político" por la oposición.

Moto no ha podido recibir visitas ni de su familia ni de su abogado defensor en la prisión de Black Beach. La única ha sido la del presidente de la Cruz Roja de Guinea, doctor Maho, que le sometió a un reconocimiento médico y dijo que le halló bien fisicamente, pero bajo de moral. Durante la visita se hallaba solo en un barracón con un camastro que le sirve de cama.

A la presión internacional de los últimos días se sumó ayer una protesta ante la Embajada de Guinea en Madrid, en el curso de la cual fue entregado al embajador un manifiesto dirigido al presidente Teodoro Obiang en el que afirman que el país está sometido a un sistema dictatorial y exigen el respeto de los derechos humanos, la inmediata e incondicional puesta en libertad de los políticos y militares detenidos, y el cese del clima de violencia e intimidación desencadenado por las autoridades guineanas de cara a las elecciones.