Madrid, 5; Soto, 0

La banda municipal de Soto del Real (3.250 habitantes) no acudirá hoy a la inauguración del centro penitenciario Madrid V -las autoridades leen este nombre como "Madrid cinco", aunque en teoría significa "Madrid quinto"-, acto que presidirá el ministro Juan Alberto Belloch. Y eso, porque el alcalde, José Luis Sanz, del PP, sigue sin aceptar que esta prisión forma ya parte del paisaje municipal: "No queremos la cárcel en este pueblo. Ni yo ni ningún regidor de la comarca asistiremos a la inauguración".Mientras, los vecinos esperan con escepticismo y curiosidad los cambios que este centro ocasionará. Sus opiniones es tán divididas.

El alcalde reconoce que la batalla que mantienen su Ayuntamiento y el ministerio desde hace tres años ha impedido que ni una sola peseta de los Presupuestos del Estado haya terminado en las arcas municipales. "La prisión carece de licencia de obras. Por lo tanto, el Estado no ha ingresado nada en el municipio. Tampoco me quejo, pues siempre hemos actuado según nuestra conciencia", dice.

La cárcel ha desatado reacciones muy críticas, pero también las hay favorables.

En contra. El alcalde, que no se arrepiente de ninguna de las actuaciones en relación con la cárcel, da sus razones para oponerse a la prisión: "La cárcel carece de licencia municipal [el Ayuntamiento la denegó], se levanta sobre un espacio protegido ambientalmente y a nosotros nunca nos han dejado construir allí; este Ayuntamiento sufre ya muchas cargas públicas [la mitad del término está ocupada por el parque regional, un pantano y una base de helicópteros militares] y, además, su creación es un atentado a la autoridad municipal. Es como David contra Goliat".

Sanz comenta además que el centro penitenciario no ha creado ni un solo puesto de trabajo en el pueblo. "Todos son funcionarios. No han contratado a ningún vecino".

El concejal de Urbanismo, Eladio Navarro, del CDS, y hasta hace dos años alcalde, no es más comprensivo: "La cárcel puede provocar un cambio sociológico. Podemos pasar de ser un pueblo turístico a convertirnos en Soto del Penal. Intentaremos evitarlo".

En noviembre de 1992, Navarro se enfrentó, acompañado de medio centenar de vecinos y de varios alcaldes de la zona, a las fuerzas de la Guardia Civil. Los congregados intentaban impedir el comienzo de las obras. Como consecuencia de la batalla, la vara de mando del alcalde fue rota en dos pedazos. El bastón, debidamente enmarcado y sin arreglar, luce ahora en el despacho del alcalde. "La vara rota forma parte ya de la historia de Soto. Es un símbolo de nuestro pueblo y un recuerdo del atentado que sufrió la autoridad municipal", comenta Navarro.

Pedro Barrado, de 75 años, cree también que la cárcel perjudicará a su pueblo: "Muchos pensamos que la prisión llevará la droga a las calles. Lo malo no son los presos, sino toda la gente que les rodea".

La Policía Municipal no desea hacer declaraciones. Los seis agentes tienen ahora que velar por la seguridad de este pueblo que en verano triplica su población. Y sólo cuentan con un coche patrulla (con más de 120.000 kilómetros a cuestas) para recorrer las calles. Además, carecen de grúa para llevarse a los automóviles mal aparcados. Los policías dejan entrever que la cárcel influirá negativamente en la circulación porque en este pueblo no existen aparcamientos disuasorios. Además, a causa del aumento constante de la población, el número de intervenciones policiales se ha duplicado desde hace cuatro años: en 1990 se efectuaron 971, el año pasado se registraron 1.853. Curiosamente, el teléfono de la Policía de Soto no aparece en las guías telefónicas y los agentes sólo cuentan con un teléfono móvil, que no siempre funciona, para atender las llamadas.

A favor. Manuel Tablado, uno de los dos taxistas de Soto, manifestaba. ayer: "Espero que la cárcel mejore mi negocio porque, de momento, la situación es mala. Posiblemente llevaré más viajeros a Madrid".

José Olmos, ex presidiario y actualmente en paro, opina: "El Ayuntamiento se ha negado siempre a hablar con el Estado. Con su postura sólo ha conseguido que las inversiones millonarias que se iban a destinar a este pueblo desaparezcan. Si hubieran dialogado, Soto contaría actualmente con mejores infraestructuras y más trabajo para los vecinos". Olmos añade: "A los presos no les interesa el pueblo. Sólo esperan el tercer grado para coger el autobús y volver a sus casas. Existen vecinos en Soto que creen que aumentará la delincuencia. Eso es completamente erróneo porque toda cárcel trae guardias civiles y funcionarios. Muchos de ellos compran y alquilan pisos por la zona y la seguridad en las calles aumenta notablemente. Un guardia civil lo es veinticuatro horas al día".

Carlos Ibáñez, gestor privado de fincas, recuerda que hace dos años muchos vecinos intentaron vender sus pisos y chalés cuando se enteraron de los planes del ministerio: "Los pisos bajaron de precio hasta un 10% debido a la repentina oferta. Sin embargo, poco a poco, los vecinos se fueron calmando. Actualmente ha habido una recuperación del mercado. Varios altos cargos y funcionarios de la cárcel han comprado ya chalés". Ibáñez considera que la cárcel beneficiara a su negocio: "Necesitarán hacer declaraciones de la renta, papeleos. También podemos ofrecerles ayuda jurídica".