El censo electoral se vende en el mercado negro por siete millones de pesetas

El censo electoral "se vende por ,mucho dinero", dijo ayer en el Congreso el director de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan José Martín-Casallo, quien consideró este comercio ilegal como "la mayor fuga de datos personales que existe en España en este momento". El diputado socialista Carlos Navarrete ratificó que el censo se ha convertido en una "mercancía de venta fraudulenta" a empresas de publicidad, bancos o grandes almacenes por parte de grupos que se presentan a las elecciones con el único objetivo de hacerse con el censo. Diego López Garrido, de Izquierda Unida, cifró en siete millones su precio en el mercado negro.Martín-Casallo propuso que, al igual que sucede en otros países europeos, una parte del censo -el nombre, apellido y dirección de los electores- tenga carácter público, lo que permitiría proteger con más eficacia los datos realmente sensibles. Entre otras medidas de protección, propuso introducir trampas en los ejemplares del censo que se entregan a los partidos -como errores deliberados y diferentes en la ortografía de algunos apellidos para facilitar la identificación de los autores de las filtraciones.

El director de la APD anunció también que ha iniciado una inspección de los ficheros policiales para comprobar su adecuación a la legalidad, especialmente en el tratamiento informático de datos sensibles, como raza, vida sexual o aficiones.

Cuatro inspectores de la agencia revisaron la pasada semana los bancos de datos de la policía en El Escorial (Madrid) y próximamente visitarán los ubicados en el barrio madrileño de Canillas, antes de inspeccionar los ordenadores de la Guardia Civil. Martín-Casallo dijo que en cuatro o cinco meses terminará la inspección y dictará recomendaciones para corregir los errores detectados.

No obstante, se mostró más preocupado por los ficheros de las policías locales, dada la mayor dificultad para controlarlos. Según su información, los ayuntamientos tienen 523 bancos informáticos con datos sobre salud, vida sexual u origen racial, así como 10 ficheros sobre ideología o creencias religiosas.

Martín-Casallo no contestó a la solicitud de López Garrido QU) y Loyola de Palacio (PP) para que ordene la inmediata paralización del archivo Perpol de la policía, que almacena datos sensibles sobre personas "de interés policial" por considerarlo manifiestamente ilegal.

Bancos y seguros de vida

En cambio, el director de la agencia sí aceptó, como le pidieron los mismos parlamentarios, dictar con carácter inmediato una instrucción que regule el almacenamiento de datos por parte de las entidades de crédito sobre la salud de sus clientes.

Martín-Casallo explicó que, tras conocer el problema a través de EL PAÍS, remitió una circular a 111 bancos y 53 cajas de ahorro. De sus respuestas dedujo que casi todos ellos obligan a suscribir un seguro de vida a los solicitantes de créditos hipotecarios y personales, con la "recomendación" de que lo hagan con una compañía del mismo grupo que el propio banco..