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El Gobierno de EE UU no hará contratos con empresas que sustituyan a huelguistas

Antonio Caño

El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó ayer un decreto que impide al Gobierno hacer contratos Con empresas que reiteradamente fichan nuevos empleados para sustituir a aquellos que se declaran en huelga. La medida, a la que se opone el Congreso, fue tomada con la mayor discreción posible, sin la presencia de periodistas en el acto de firma, para evitar las repercusiones políticas de la decisión.Contratos existentes

El decreto afectará a las compañías que hacen negocios con el Gobierno superiores a los 100.000 dólares, que son el 90% de los 28.000 contratos existentes en la actualidad. El secretario de Trabajo se encargará, según la ley, de determinar cuáles de esas empresas se dedican de forma sistemática, a emplear esquiroles p ara mantener su ritmo de producción en periodos de huelga, y recomendará en consecuencia las acciones apropiadas a tomar contra ellas. La medida no afectará únicamente a los nuevos contratos, sino también a todos aquél los que existen hoy en día.

El presidente Clinton decidió actuar en este asunto por la vía del decreto para evitar que la iniciativa fuera bloqueada en el Congreso, donde la mayoría republicana había expresado anteriormente opiniones contrarias a la ley. Los dirigentes republicanos consideran que impedir a las empresas contratar a nuevos empleados para sustituir a los huelguistas puede condenar al cierre a cientos de pequeños y medianos negocios y provocar la destrucción de miles de puestos de trabajo.

El portavoz de la Casa Blanca, Michael McCurry, comentó ayer que el presidente había decidido "actuar dentro de los límites que corresponden a su autoridad". McCurry no quiso mencionar nombres de empresas que. podrían verse inmediatamente afectadas por la medida. Una de las compañías sobre las que primero puede recaer el peso de esa ley es la importante productora de neumáticos Bridgestone, sobre la que existen protestas sindicales por sus prácticas en las huelgas.

La ley ha sido desde hace tiempo una aspiración del secretario de Trabajo, Robert Reich, un representante del ala izquierda del Partido Demócrata. Reich había advertido reiteradamente en el pasado que el Gobierno tendría que tomar medidas para asegurar que el crecimiento económico experimentado en Estados Unidos en los últimos años repercutiese en la mayoría de los, norteamericanos. Otra decisión en esa misma dirección fue, este mismo año, el incremento del salario mínimo, una medida a la que también se opusieron los republicanos.

Víctimas de la crisis

Encuestas recientes señalaban que, pese a los positivos datos económicos del último año -en el que la economía creció a un ritmo del 4,5%-, un amplio sector de estadounidenses, especialmente los trabajadores con empleo, se sentían todavía víctimas de la crisis del final de la pasada década.

Los sindicatos se han quejado de que, en el empeño por el crecimiento económico y en la lucha contra el desempleo, que ha sido reducido hasta un 5,7%, se ha apostado excesivamente por la flexibilidad del mercado laboral, con perjuicio para los trabajadores.

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