El Gobierno y el PSOE reprochan al fiscal del Estado su distanciamiento del Ejecutivo

Gobierno y PSOE están preocupados por la pasividad y el distanciamiento del fiscal general del Estado con el poder ejecutivo. La falta de intervención de Carlos Granados en la petición de reapertura del sumario de losGAL es sólo el último episodio de esta historia de desapegos. El Gobierno se enteró por la prensa de la reunión de la Junta de Fiscales que decidió apoyar la petición del juez Garzón. El malestar de los socialistas con Granados se viene incubando desde hacemeses. En diciembre, el Gobierno careció de información sobre los autos de prisión del ex banquero Mario Conde y del ex director de Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, lo que impidió al Ejecutivo de Felipe González conocer las causas de su encarcelamiento.

La falta de información sobre los motivos que llevaron a Sancristobal a prisión sumió al Ejecutivo en el desconcierto y le impidió, organizar su estrategia. Otro de los motivos de malestar, en este caso del PSOE, es el absoluto silencio del fiscal general del Estado ante la publicación de la noticia de que el juez Marino Barbero iba a pedir el suplicatorio para el vicesecretario general socialista, Alfonso Guerra, como presunto inculpado en delito electoral por el caso Filesa.

"Entre Eligio y Granados debería haber un término medio", insisten dirigentes socialistas, en el reconocimiento de que el anterior fiscal, Eligio Hernández, quizá resultó excesivamente beligerante a favor del Ejecutivo. En cambio, Carlos Granados "actúa dentro de la ley en el extremo más alejado de su independencia con respecto al Gobierno", señalan estas fuentes, una crítica generalizada en el Gobierno y en el PSOE. Las voces más radicales proponen su destitución e, incluso, el cambio de la ley que regula la actuación del fiscal, pero inmediatamente son, acalladas.

El asunto es comentario común de ministros y dirigentes socialistas, a quienes, sin embargo, el auto de prisión contra Rafael Vera no ha pillado tan a contrapié como lo hiciera el dictado contra Sancristóbal. El encarcelamiento del ex secretario de la Seguridad del Estado ya se daba por supuesto, por lo que -piensan- no supondrá alteración política significativa, aunque nadie se atreve a aventurar nada más allá de un plazo de días.

El Gobierno se apoya para seguir adelante en la estabilidad parlamentaria que le brinda CiU. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reacciona ya visiblemente irritado cuando le preguntan si continuará con su apoyo al Gobierno cada vez que salta un acontecimiento, como ha sido el encarcelamiento de Vera. Además, el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, hará un esfuerzo especial en los próximos días por incorporar al PNV al acuerdo del Gobierno con los nacionalistas catalanes y reforzar de ese modo su bloque de apoyos.

Regreso de González

Felipe González encontrará todos estos datos sobre su mesa cuando regrese hoy de su viaje a Centroamérica. González ya manifestó el pasado viernes en Managua que la detención de Rafael Vera no tendrá consecuencias políticas.

Ni siquiera el antaño polémico ministro de Justicia e Interior, el magistrado excedente Juan Alberto Belloch, está dando batalla interna alguna en estos momentos difíciles para el Gobierno, pese a los miedos aislados de algunos dirigentes socialistas que temían que pudiera continuar por la senda de Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño.

Cuando, el jueves 8 de febrero, Pérez Mariño recomendó públicamente a Felipe González que dimitiera como presidente del Gobierno y fuera sustituido interinamente por un Ejecutivo de gestión, encabezado por un presidente que podía ser independiente, numerosos socialistas pensaron que se estaba refiriendo a Juan Alberto Belloch, convertido en el principal aval de la voluntad del Gobierno en combatir la corrupción.

De hecho, en medios judiciales y políticos caló la posibilidad de que Belloch continuara la tarea del cambio sobre el cambio, de la limpieza de la corrupción, ante las ataduras que González tiene con el pasado al haber presidido todos los gobiernos socialistas.

Sin embargo, Belloch no ha caído en la tentación de conspirar en esta dirección, según aseguran diversos compañeros de Gabinete del superministro. "Está muy sólido. Lo que más le preocupa ahora es la huelga de los sindicatos policiales", señalan numerosos compañeros de Gabinete.

Belloch se ha integrado más aún en el Gobierno desde sus primeros tiempos, a finales de 1993. Entonces sostuvo batallas políticas importantes, especialmente con el ministro de Defensa, Julián García Vargas, por la desmilitarización de la Guardia ivil y por la regulación de a insumisión. Ningún miistro le reprocha ya, por ejemplo, que su oposición al indulto de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, el pasado verano, sea causa de los presentes males derivados de los GAL. Y cada vez son más federaciones del PSOE las que le invitan a participar en sus actos.