El ex secretario de Estado Rafael Vera comparecerá esta tarde ante el magistrado en la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reabre el 'caso Amedo'

La Audiencia Nacional decidió ayer reabrir el caso Amedo para investigar, a la luz de las nuevas evidencias que han aparecido, la financiación de los GAL con fondos reservados. La iniciativa la ha tomado el juez Baltasar Garzón, quien se apoya en los últimos testimonios de los ex policías José Amedo y Nfichel Domínguez, condenados en esta causa a 108 años de prisión cada uno, y en las pruebas aportadas por ambos en relación con el secuestro de Segundo Marey, en 1983. La Sección Tercera de la Audiencia accedió a la reapertura después de que el fiscal PedroRubira diera su visto bueno. Garzón, simultáneamente, ha citado para esta tarde, como imputado, al ex secretario de Estado Rafael Vera, al que Amedo y Domínguez acusan de encubrir a los GAL.

El sumario 1/ 88 del Juzgado Central de Instrucción 5, el llamado caso Amedo, investigó desde enero de 1988 la participación de Amedo y Domínguez en los atentados realizados por mercenarios de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) contra los bares Batzoki y La Consolation, en el sur de Francia, en los que resultaron heridas seis personas. Los dos ex agentes fueron condenados a 108 años de cárcel como autores de seis asesinatos frustrados, lesiones, asociación ilícita, uso público de nombre supuesto y falsificación de documentos de identidad. -Durante la instrucción del sumario, el juez Garzón pidió a la Sala de lo Penal de la Audiencia autorización para investigar los fondos reservados del Ministerio del Interior, en la sospecha de que con ellos se habían financiado los dos atentados. Pero un tribunal, integrado por los magistrados Juan Manuel Orbe, Roberto lernández y Alfredo Vázquez, denegó en abril de 1989 la investigación alegando que existía un vacío legal que impedía proseguir estas pesquisas. "Nos encontramos en una situación de colisión o conflicto entre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que legitima los poderes de investigación del instructor, y el también fundamental de la seguridad del Estado, al que responde el régimen legal de fondos reservados o secretos, existiendo una laguna legal", argumentó el tribunal.

Belloch y Auger

En ese momento, el actual ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, entonces presidente de la Audiencia de Bilbao, así como Clemente Auger, actual presidente de la Audiencia Nacional, se pronunciaron en contra de la decisión y razonaron que el derecho a la tutela judicial, de rango constitucional, es prevalente.

Ahora la situación es distinta, ya que el Tribunal Supremo, al resolver la denuncia formulada por el Partido Popular sobre la utilización irregular de los gastos reservados, destacaba que los fondos no pueden ser utilizados para fines ilícitos.

La reapertura del caso apunta a la imputación de hechos delictivos a los superiores jerárquicos de Amedo y Domínguez en relación con la financiación de esos dos atentados, lo que podría, en caso de ser demostrada la participación, conllevar una condena similar a la de los ex policías. Éstos ya han sido juzgados y condenados, por lo que no pueden ser juzgados de nuevo. Pero esta circunstancia no se produce en el caso por el atentado contra el Mon Bar, en el que resultaron muertos cuatro miembros de ETA, ya que los ex agentes nunca fueron acusados ni juzgados por este hecho.

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, jutificó la reapertura del caso Amedo en estos términos: "Hubo un cambio de impresiones [en la fiscalía] y se consideró que es una posibilidad procesal, dados los datos y los elementos que se han incorporado a otras diligencias que estaban en trámite", en clara referencia al sumario por el secuestro de Segundo Marey.

Imputaciones aVera

Por otro lado, el juez Garzón ha citado para las cinco de esta tarde a Rafael Vera. El ex secretario para la Seguridad del Estado declarará en calidad de inculpado en delitos de malversación de caudales públicos y evasión de capitales, así como por encubrimiento de detención ilegal, asesinato y falsificación. Estos delitos figuran en el informe que el juez elevó al Tribunal Supremo cuando consultó si Vera era aforado.

Este hecho, unido a que el magistrado ha confirmado la prisión preventiva de Juan de Justo, ex secretario particular de Vera, por los mismos delitos en los que su ex jefe está inculpado, ponen al antiguo responsable de la lucha antiterrorista en el ojo del huracán. La desestimación del recurso de Juan de Justo contra su prisión preventiva estaba acordada ya ayer, si bien fuentes jurídicas informaron que la resolución se encontraba pendiente de notificación al interesado.

Vera ya fue citado a declarar el pasado 3 de febrero, pero evitó su comparecencia presentando tina doble recusación contra los jueces Baltasar Garzón y Carlos Bueren. La brillante argucia jurídica del defensor de Vera, el catedrático Manuel Cobo del Rosal, quitó temporalmente el caso a Garzón, pilló de improviso a toda la Audiencia Nacional y consiguió retrasar dos semanas la comparecencia de su cliente y eludir un posible ingreso en prisión. Ahora, salvo nuevas estratagemas procesales de la defensa (le Vera, ha llegado la hora de la verdad. Su testimonio será decisivo.

Mientras tanto, la Sala Segunda del Supremo tiene previsto resolver hoy la querella que el ex secretario de Estado presentó contra Garzón por presuntas coacciones a Juan de Justo cuando el juez le tomó declaración.

Ayer comparecieron en el juzgado central 5 los peritos calígrafos que ultiman el informe sobre si el ex secretario regional de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea fue el autor material de uno de los comunicados de los GAL en el que se asumía el secuestro de Segundo Marey. No ha trascendido si el informe está ya elaborado o no, pero en medios jurídicos se estima que los dictámenes grafológicos constituyen una prueba importante que podría incluso ser determinante a la hora de decidir una eventual prisión preventiva para el ex dirigente socialista.