Juicio contra seis funcionarios acusados de torturas a 23 presos de Valencia

Los seis funcionarios de la antigua cárcel Modelo de Valencia acusados de torturar a 23 internos tras un motín, en enero de 1992, achacaron ayer las lesiones a la intervención de los policías, antidisturbios y a las reyertas entre presos. Sólo emplearon la fuerza para sacar a algunos de la celda, aseguraron durante el juicio que comenzó en la Audiencia de Valencia. La fiscal pide hasta 10 años de cárcel y la inhabilitación por siete años de los acusados.

La cárcel Modelo de Valencia, ya cerrada, se convirtió en la noche del 2 de enero de 1992 en escenario de una espectacular revuelta que empezó tras un apagón general por una avería. En el transcurso, del motín se produjeron varios incendios y llovieron piedras y objetos desde la galerías. Los destrozos fueron evaluados en 18.500.000 pesetas. En. los días siguientes al altercado, numerosos presos denunciaron represalias durante la madrugada, y con los partes de lesiones en la mano, identificaron en ruedas de reconocimiento a los seis funcionarios que desde ayer se sientan en el banquillo de la Audiencia de Valencia. Fuertes golpes con porras y barras de hierro, aislamientos de varios días sin agua y amenazas figuran en el relato de los presos afectados. No hubo luz en toda la noche, sólo unos focos instala dos por los bomberos. Los de nunciantes afirman que fueron deslumbrados con linternas para que no pudieran reconocer a los funcionarios. Varios de los presuntos autores del castigo insistieron ayer en que la policía antidisturbios actuó con contunden cia para reducir la revuelta y de volver a los presos a sus celdas, y que hubo reyertas y algún apuñalamiento entre los propios internos, una combinación que ex plicaría, según las defensas, las lesiones de los reclusos.

En los recuentos de presos posteriores al motín y los registros superficiales de las celdas, en busca de las herramientas que desaparecieron del taller, todo fue normal, según los acusados. Hubo cacheos y sólo se empleó la fuerza física en algún caso por que los internos se negaron a_salir al pasillo. Las porras que llevaban varios de ellos no se utilizaron, dijeron.

Los afectados, sin embargo, señalan a Ángel C. C., alias Mortadelo, como autor de 17 agresiones durante aquella madrugada y la mañana siguiente, por las que la fiscal pide casi 10 años de cárcel. El funcionario respondió con un conciso "no" a todas las acusaciones, incluida la de que había bebido. Además, subrayó que no pisó las galerías de presos durante su recuento, ya que pasó esas horas en el centro de vigilancia. Se entretuvo con "paseos" y se preparó "un bocadillo". La acusación mostró su extrañeza ante la poca actividad del acusado durante una noche tan movida. "Estaba cansado", respondió Ángel.

Pedro Antonio F. P, El Cabezón para los presos, fue uno de los que sacaron "por los brazos" a tres internos que bloquearon la entrada de la celda con un colchón, pero negó haberles golpeado. El funcionario, que se enfrenta a una pena de más de cuatro años, explicó que las lesiones pudieron producirse por la intervención de los antidisturbios, aunque el motín sólo tardó en sofocarse unos minutos en cada galería, según reconoció a la acusación.

La declaración de Manuel M. S., alias Oso Yugui, con una petición de pena de más de dos años, no se apartó de las de sus compañeros. Aquella noche era el jefe de servicio, dio el aviso a la Delegación del Gobierno sobre la quema de contenedores en una de las galerías y la algarabía general. No había suficientes agentes de policía porque "estaban en la Expo" de Sevilla, pero se emplearon "contundentemente" cuando entraron, recordó. M. S. también resaltó que hubo peleas entre presos. Una de ellas se aprecia en un vídeo grabado en medio de la oscuridad.

Antonio C. S. atribuyó las acusaciones a "odios y enemistades manifiestas" de los internos de la zona de aislamiento, donde trabajaba, y, como Pascual L. F. y Rafael Manuel P. C., rechazó su participación en las presuntas represalias. La fiscal pide penas menores para estos tres acusados y la inhabilitación especial por siete años de todos los funcionarios. La acusación particular, en representación de los presos, eleva sustancialmente su petición de prisión y considera que existen agravantes de nocturnidad, premeditación y cuadrilla. El juicio continúa hoy con la declaración de los presos.