Llega el turno de los funcionarios judiciales en la vista de los subasteros

La Sala 00 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial reanuda hoy el macrojuicio contra las presuntas subastas fraudulentas ocurridas en los juzgados de la plaza de Castilla. Pero esta semana los protagonistas no serán los 24 subasteros acusados de coacción, estafa, cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas, sino los 23 funcionarios judiciales acusados de infidelidad en la custodia de documentos y falsificación de sellos.La primera semana en el calendario de este proceso, que está previsto se prolongue al menos seis meses, terminó el jueves pasado con la declaración del presunto subastero, Jesús Gómez Castaño.

Dada la rapidez que día a día han ido tomando los interrogatorios -frente al fiscal y las tres acusaciones particulares se sientan los 28 letrados de la defensa-, es previsible que esta misma mañana le toque el turno de declaración al primer funcionario en la lista de inculpados.

Ningún subastero ha reconocido hasta ahora el pago de "pequeñas propinas" o "tasas" a ningún oficial de los juzgados. "Yo, ni un café", llegó a afirmar uno de los principales acusados la semana pasada. "Para mí, los funcionarios son Pedro, María o Paco, así que no me pregunte por nombres completos", contestó al fiscal otro de los acusados intentando desvincularse totalmente con cualquier funcionario.

Pero el martes pasado, con la lectura de la primera escucha telefónica presentada en el juicio como prueba, se pudieron escuchar diálogos que sí implicaban a funcionarios judiciales con supuestos subasteros. "Tú dirígete a la oficiala, a ésa de los ojillos saltarines", señalaba en la lectura de la cinta un subastero a otro antes de la subasta de una finca próxima a Madrid.

Hostelería y pesca

En el macrojuicio de los subasteros, de momento son los nombres de Ernesto García López (principal inculpado de la causa) y los de los hermanos Eugenio y Francisco Fernández Lomas los que más se repiten ante el tribunal que preside Pedro Javier Rodríguez Palacios.

García López, un industrial con negocios de hostelería y de pesca, según explicó él mismo al tribunal, contestó al interrogatorio más largo, de más de una hora. Sereno y con constantes "no recuerdo" o "no sé", repasó sus negocios inmobiliarios de 1980 a 1987, año en el que fue acusado de las actividades que ahora se ven en el juicio. Sobre cómo sé enteraba de las subastas, García López fue claro: "Estaba abonado al Boletín Oficial del Estado y al de la Comunidad de Madrid. De ahí sacaba toda la información".

García López se definió como un licitador habitual, pero no como un subastero. Según los subasteros, su supuesto negocio ilegal no era tan beneficioso como se cree, y, según llegaron a asegurar durante los interrogatorios algunos acusados, "casi siempre perdían dinero".