Cuesta abajo

A veces, los extremos se tocan. Me lo recordaba la argumentación a que recurría Joaquín Leguina en sus declaraciones del 3 de febrero sobre el previsible encarcelamiento de Rafael Vera. Era exactamente la misma estrategia del discurso puesta en juego por Floren Aoiz, el líder de KAS, al enjuiciar en Egin el atentado contra Ordóñez: lo que es, no es, y la culpa de todo la tiene el observador, exterior que ha visto lo que es. Aoiz ni siquiera mencionaba el asesinato de Ordóñez, y desde ese vacío iniciaba una serie de desplazamientos donde cada cosa se volvía su contrario hasta acabar invirtiendo la responsabilidad. El asesinato no existió como tal, y sí la política de ETA, que comprende "la lucha armada" con el modesto fin de frenar la `intransigencia del Estado español, "el verdadero terrorista", y la españolización de Euskal Herria por él promovida. Herri Batasuna encarna, pues, la democracia. En un recorrido similar, pero más breve, Leguina aborda con calor la paradójica situación de Vera ("paradeja insoportable"). Aquí son los muertos por los GAL y los datos recogidos en la instrucción los que resultan borrados. Sólo existe la injusta situación de quien "peleó 11 años contra el terrorismo" desde su puesto en Interior, algo globalmente tan positivo e indiscutible como lo es para Aoiz la política de ETA. Cada uno con su santa causa legitimada por el agente del Mal; para Leguina, ese terrorismo personificado en un Jon Idígoras que bebe y canta por las tascas donostiarras mientras Vera es reducido a prisión. Culpable, el que se obstina en ver aquello que la argumentación rehúye. Para el de KAS, los medios de comunicación. Para Leguina, cómo no, el juez Garzón: el pronosticado encarcelamiento no se vincula con acto alguno del peleón servidor del Estado, sino con la personalidad del magistrado que entiende su caso a quien se designa cauta pero inequívocamente (Vera irá a la cárcel "previsiblemente, dado quién es el juez" (sic).Aoiz sabemos quién es y a quién cubre. Pero Leguina es un buen gestor democrático y un buen universitario, que de este modo juzga digno de olvido el caso GAL, responsabiliza a un agente del poder judicial de incumplir ese deber de olvido y se despeña así, conscientemente, por el mismo precipicio que han elegido González y sus demás seguidores: cargarse como sea la instrucción del caso por Garzón. Con un respeto a la independencia judicial del que son óptimos ejemplos las declaraciones públicas de los ministros Solana y Rubalcaba en apoyo a Vera el día mismo de su frustrado interrogatorio.Como en este conflicto sólo se explican unos, los portavoces de la versión Gobierno-inculpados, únicamente han de temer al efecto bumerán, que puede verse reforzado por escenas esperpénticas, demasiado elocuentes, como la del ex fiscal general del Estado entrando a la carrera y de tapadillo en la casa del abogado de Vera.

Paisaje digno de que cualquier demócrata valore como infundados y conspirativos los juicios de quienes pensamos que el principio de división de poderes se encuentra gravemente amenazado por las actuaciones de Felipe González para imponer la propia supervivencia.

Toca ahora celebrar la subida de la Bolsa y los céntimos recuperados ante el marco, con un crecimiento que sin duda nada tiene que ver con el nuevo tirón de la economía europea. Lo otro es calderilla que debe quedar fuera de circulación: "sosiego", "clima de serenidad", tal es la exigencia patriótica. Es lo que debe de pensar también Antonio Gutiérrez al dejar en el cajón su firma en el manifiesto que pedía luz a fondo en el caso GAL para unirse a Cuevas y al maniatado Méndez en la foto de familia que respalda la petición de sosiego hecha por González, atacar por inexistentes insultos una política desastrosa de Anguita e Izquierda Unida, frente cuya consolidación nada hizo en el pasado, y comprometer fin de cuentas la propia estrategia en CC OO. Será que resulta preciso evitar a cualquier precio que la derecha suplante a la izquierda en el Gobierno. Pero para ir a parar a esa reconciliación no hacían falta varias huelgas generales. Porque ya entonces Felipe González era, según ese repertorio de comparaciones, el mejor defensor de "la autonomía sindical", el intérprete de los intereses nacionales y, como lo es día a día en la actualidad, el garante de la independencia de los jueces.