Londres ordena el embargo de bienes de Javier de la Rosa por 500 millones de dólares

El Tribunal de Comercio de Londres, que instruye la demanda por 500 millones de dólares (50.000 millones de pesetas en el momento de la denuncia, 65.000 millones al cambio actual) presentada por el Grupo Torras-KIO contra Javier de la Rosa y, otros 11 ex gestores del grupo, ha dictado el embargo de los bienes del financiero español, según han asegurado fuentes jurídicas. De la Rosa es el tercer ex gestor de Toiras-KIO embargado por los tribunales británicos. Previamente lo habían sido el ex presidente de KIO, Fahad Al Sabaj, y el ex director general, Fuad K. Jaffar.

El tribunal ha dictado la misma medida contra una larga lista de abogados y administradores de las sociedades instrumenta les a través de las que pasaron los 500 millones de dólares reclamados por el grupo árabe. En todos los casos, los embargos dictados tienen carácter preventivo y provisional, según las mismas fuentes. La aplicación de la medida, dado su carácter internacional, comporta una gran complejidad. El embargo se aplicará automáticamente a los posibles bienes del financiero español en suelo británico. En España, el trámite se realizará a través del ministerio de Justicia de acuerdo con el convenio existente entre ambos países para estos casos.

La decisión de la Commercial Court de Londres significa, siempre según las fuentes con sultadas, que los abogados de Torras-KIO han aportado al tribunal "nuevas evidencias" que fundamentan la participa ción de De la Rosa en el desvío de esos 500 millones dé dólares.KIO presentó su demanda ante los tribunales civiles británicos en abril de 1993. En la misma, el grupo árabe acusaba a 12 ex gestores -entre ellos los españoles Javier de la Rosa, Miguel Soler, Jorge Núñez, Narciso de Mir, Juan José Folchi y Joan Piqué Vidal- y una decena de sociedades, de haber conspirado para desviar en su propio beneficio una cifra total de 500 millones de dólares.Nuevas pruebas

Para demostrar sus acusaciones, el bufete de abogados Baker and McKenzie incluyó en la demanda cuatro grandes operaciones que según KIO eran ficticias y sólo servían para ocultar el verdadero destino del dinero desaparecido. En escritos posteriores, los demandan tes ampliaron sus acusaciones y aportaron nuevas pruebas do cumentales, entre ellas evidencias de que grandes sumas, de dinero, hasta 7.000 millones de pesetas, habían ido a parar a, las cuentas privadas de algunos ex gestores.

Desde abril de 1993 el caso no ha dejado de avanzar a gran velocidad, en claro contraste con la inactividad del juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, fozado por la Audiencia a tramitar la querella presentada por KIO en España también contra sus ex gestores.

A finales de 1993, la Corte de Londres embargó los bienes de Al Sabaj y Jaffar. Posterior mente, se declaró competente para tramitar el caso, reafirmando que las operaciones denunciadas habían causado un grave daño económico al Grupo Torras. La decisión de declararse competente ha sido recurrida por los denunciados.La última decisión del tribunal, el embargo de De la Rosa, indica que la actividad de los investigadores y abogados de KIO, a instancias de los cuales se han ordenado las acciones contra, el patrimonio del financiero español, ha dado nuevos frutos. Las últimas informaciones indicaban que el grupo árabe estaba rastreando el patrimonio de De la Rosa a través de una sociedad panameña, Alanis Financiera. Asimismo, han sido objeto de escrutinio las sociedades Sierra Nevada, Tradeco y Gesfinance, en Ginebra. El punto en común entre todas ellas eran James Fees, un norteamericano al que algunas fuentes relacionaban con la Central de Inteligencia Americana (CIA) e Ybes Byrde, ex gestor de patrimonios del Bankers Trust, quien tras realizar varias lucrativas operaciones con De la Rosa creó su propia empresa, Gesfinance.

La orden del tribunal afecta también al grupo de abogados que administraba las sociedades que movieron el dinero evaporado, y al holding que posee las acciones de todas esas sociedades. Entre los profesionales que han visto embargados sus bienes se encuentra Michel Russell, administrador de diversas sociedades relacionadas con el Grupo Torras y con otras propiedades de De la Rosa, como Setsar.

Otra afectada por las nuevas órdenes de embargo es Carin Parker, colaboradora del despacho del abogado barcelonés Juan José Folchi, también incluído en la demanda que se tramita en Londres. Las personas contra las que se ha dictado la orden de embargo controlaban la administración de sociedades como Pincinco, Wardbase, Croesus, Coggie o Riquel.