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El 'caso De la Rosa' enfila el tramo final con la investigación del aval a Tibigardens

Barcelona El juez del caso De la Rosa, Joaquín Aguirre, ha dejado para los últimos días de la instrucción el análisis sobre el uso que hizo Javier de la Rosa del aval de 10.000 millones de pesetas que la Generalitat concedió a Tibigardens, anterior nombre del parque turístico de Tarragona. Por este motivo ha citado a declarar a partir de hoy y en calidad de inculpados al anterior presidente del parque, Alfons Maristany -cuñado de Javier de la Rosa y directivo de la Caixa-, y al responsable de Caixa de Tarragona, entidad que concedió el crédito.

Según el informe que el fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, entregó al juez y a raíz del cual se produjo la detención de De la Rosa, el financiero pudo haber utilizado indebidamente unos 1.000 millones de pesetas de ese aval para financiar empresas ajenas a Tibigardens.

El tema fue debatido por última vez en el Parlament el pasado 19 de octubre, a raíz de la deten ción del financiero. En el transcur so de los debates quedó claro que, a través de un alambicado proceso de créditos y avales bancarios, Javier de la Rosa consiguió que, durante dos meses, -enero y febrero de 1994-, 1.000 millones de pesetas avalados por la Generalitat sirvieran de garantía para que Caixa de Tarragona concediera un crédito a Grand Tibidabo. Esta última sociedad, presidida entonces por De la Rosa, atravesaba graves dificultades y aún no había podido pagar a sus 9.000 pequeños accionistas el teórico dividendo corres pondiente a 1992.

Con los 1.000 millones que Caixa de Tarragona entregó, siempre con el respaldo de los otros 1.000 millones avalados por la Generalitat inmovilizados en otra cuenta en la misma entidad, De la Rosa calmó las tribulaciones de los pequeños accionistas.

Alavedra desmiente

Todo habría quedado en la oscuridad a no ser por los problemas financieros de De la Rosa. Llegado el vencimiento del crédito que Caixa de Tarragona había concedido a Grand Tibidabo, a finales de febrero de 1994, De la Rosa se encontró sin dinero para devolverlo.

La solución fue un nuevo crédito de 1.000 millones, también de Caixa de Tarragona, pero esta vez a Tibigardens. Con ese dinero se pagó el primer crédito y De la Rosa dejó en Tibigardens 1.000 millones en pagarés en lugar de los 1.000 millones.

En su momento, los responsables de la entidad financiera señalaron que este segundo crédito se concedió a instancias del consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra. Éste, en la comparecencia parlamentaria del 19 de octubre pasado, negó haber intervenido en la concesión de ese crédito. Posiblemente la instrucción del caso puede despejar ahora definitivamente esta incógnita y si en la cobertura de la operación se llegó a falsear algún documento mercantil.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de febrero de 1995