La juez del 'caso Ibercorp' sólo imputa a Mariano Rubio un delito de tráfico de influencias

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, María Paz Redondo, que instruye el caso Ibercorp, redactó ayer una resolución en la que sólo imputa un delito de tráfico de influencias al ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Esta resolución se produce después de que la Audiencia de Madrid exigiera a la juez que concretara qué delito correspondía a cada uno de los implicados. El nuevo auto supone sentar en el banquillo, al ex gobernador del Banco de España, a Manuel de la Concha, a Jaime Soto, Benito Tamayo y otras seis personas más. El caso Ibercorp surgió a raíz de la manipulación, en beneficio de unos accionistas, del precio de las acciones del Grupo Ibercorp.

El nuevo auto imputa los delitos de maquinación y estafa a De la Concha, Soto, Tamayo, Rafael Vazquez, Joaquín Amo, Ignacio Velasco y a los familiares de Rubio. El de falsedad se imputa a De la Concha, Soto, Tamayo y José Manuel Quesada.María Teresa Rubio -hermana del ex gobernador del Banco de España- así como su marido, André Laurent Attahlin, y Carlos Pittaluga, primo de Rubio, también tendrán que hacer frente a las acusaciones de la juez. Estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad de documento oficial son los delitos que ha descubierto la juez.

En el nuevo auto dictado ayer sobre el caso Ibercorp, la juez Redondo concreta en Mariano Rubio la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias. Esta figura fue introducida en marzo de 1991 en el Código Penal, que establece la pena de inhabilitación para ejercer un cargo público y la de arresto mayor, entre un mes y un día y seis meses de cárcel.

La resolución señala que el Banco de España, siendo Mariano Rubio su máximo res ponsable, concedió una póliza de crédito personal al Banco Ibercorp por valor de 5.400 mi llones de pesetas en noviembre de 1991. Tal póliza fue otorga da a Ibercorp a pesar de que la inspección del banco emisor había advertido "determinadas irregularidades en la actuación y contabilidad" de. Ibercorp, y a pesar de que "los represen tantes de esta entidad bancaria", explica la magistrada, no habían solicitado "expresa rnente" ese crédito.

El vencimiento de ese crédito de 5.400 millones se fijó para el 24 de febrero de 1992. Ibercorp se comprometió a garantizar el pago del préstamo "con bienes y derechos"; sin embargo, nunca se hizo. Es más: en enero de 1992, casi un mes antes de la fecha de vencimiento, la entidad dispuso de una parte de ese crédito, en concreto 1.500 millones. Llegado el plazo de vencimiento, éste se prorrogó otros tres meses, hasta mayo de 1992, a pesar de que el 6 de febrero de 1992 la Inspección del Banco de España advirtió que la "actividad del grupo era la especulación y el sostenimiento en la cotización de sus propias acciones". Ibercorp dispuso el 13 de febrero de 1992 de otros 1.500 millones. Un mes más tarde, la entidad promovió un expediente de suspensión de pagos.

Los responsables del Banco de España han señalado reiteradamente que este crédito formó parte de un paquete de ayudas para mantener la liquidez de todos los bancos pequeños como consecuencia de los problemas derivados de la crisis del BCCI y del Banco Europeo de Finanzas, que quebraron.

Durante el tiempo en que se producen estas supuestas irregularidades, el ex agente de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha -amigo personal de Mariano Rubio-, era accionista del Grupo Ibercorp, propietario de esta entidad bancaria. Y Mariano Rubio disponía de una cuenta de valores que gestionaba el propio de la Concha buscando "la mayor rentabilidad posible", y fue una de las personas que obtuvo beneficios por la venta de acciones de Sistemas Financieros, integrada en el Grupo Ibercorp. La juez considera que hubo manipulación del precio de las acciones en perjuicio de algunos accionistas, parte de los cuales son defendidos por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez.

Este asunto, el caso Ibercorp, es distinto del denominado caso Rubio, que instruye otro juez de Madrid y en el que únicamente figuran como imputados -por fraude fiscal y falsedad de documentos, entre otros posibles delitos- Mariano Rubio y el ex agente de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha. Por estas irregularidades, descubierta por la Fiscalía de Madrid, tanto Rubio como De la Concha ingresaron en prisión en el mes de abril y ahora están en libertad bajo fianza.