El juez García-Castellón pide ayuda a la Hacienda lusa para investigar el 'caso Totta'

El juez Manuel García-Castellón ha solicitado la colaboración de las autoridades de a Hacienda lusa antes de emprender hoy viaje a Lisboa para investigar presuntas irregularidades en las operaciones de compra de títulos del Banco Totta & Açores, (BTA) que el ex presidente de Banesto Mario Conde acordó a finales de diciembre de 1991 con José Roquette. El juez García-Castellón contará con el apoyo de la policía judicial portuguesa en su iniciativa de tomar declaración a ex accionistas del Totta como parte del proceso de investigación.

Del mismo modo que el juez y el fiscal, Florentino Orti, contaron con la colaboración eficaz de la Agencia Tributaria española, ambos han cursado en los últimos días la petición a las autoridades fiscales lusas para reunir diferentes informaciones sobre algunas de las personalidades, que negociaron con Mario Conde la venta de sus posiciones accionariales en el BTA.Entre dichas personalidades, el juez espera tomar declaración al empresario José Roquette, que firmó, en nombre del llamado Grupo Roquette, el primer contrato con Banesto, de fecha 28 de junio de 1989, para acudir a la Oferta Pública de Venta de acciones del BTA en la privatización del 49% de dicha entidad. Por dicho documento ambas partes dieron lugar a la creación de Valores Ibéricos SA (VISA). En la nueva sociedad, el Grupo Roquette poseía el 50,83% y Banesto el 49,17%.

Fue Roquette quien en diciembre de 1991, ante la ansiedad de Mario Conde por consolidar las cuentas del BTA con las de Banesto, a fin de apuntar en el balance del banco español los resultados del BTA y cuadrar así la cuenta de 1991, aceptó la oferta para deshacerse de su posición accionarial.

Entre abril y el otoño de 1991, las negociaciones con Roquette habían sido delegadas en el área internacional de Banesto, de donde surgió, precisamente, la iniciativa, en 1989, de presentar una oferta en la privatización del BTA.

El valor teórico contable de la participación del 50,83% de los llamados socios portugueses en VISA, sociedad que poseía un 25% del BTA, ascendía, según libros, a 7.625 millones de escudos (unos 6.400 millones de pesetas). Según se ha apuntado, la necesidad de consolidar las cuentas de ambas entidades empujó las negociaciones desde el mes de abril de 1991, fecha en que Conde informó sobre ello al consejo de Banesto. Pero la oferta que los ejecutivos del área internacional elevaron a Roquette le pareció limitada: aparte del valor teórico contable (los 7.625 millones de escudos) se proponía pagar una prima de 2.000 a 3.000 millones de pesetas. En total, Banesto estaba ofreciendo en aquel momento alrededor de 10.000 millones de pesetas por la participación de Roquette y sus socios en VISA. A través de VISA, el grupo luso controlaba un 13% del Banco Totta & Acores.

El pulso de Roquette fue el resultado de advertir que Mario Conde tenía mucha prisa. Y no se equivocó. Conde aceptó pagar por su paquete 37.279 millones de escudos, lo que permitió al empresario luso y a sus amigos hacer una 1 plusvalía de 30.000 millones de escudos, que en aquella época equivalían a 23.000 millones de pesetas.

Tocó entonces a una sociedad parecida a VISA ocupar su lugar. Se llamó MSF. Los nuevos socios portugueses compraron las acciones a los viejos con dinero procedente de créditos que concedió Banesto y se comprometieron a representar el paquete del 25%para el banco español. Este ya contaba con otro 25% directamente. Los nuevos fiduciarios eran el abogado Carlos Menezes Falcao, socio en Portugal del abogado Mariano Gómez de Liaño, quien hizo el montaje jurídico de las fiducias desde Madrid, e Ignacio Simplicio Ramos. Falcao representaba el 18% de MSF y Ramos poseía el 33%.

Mientras el Gobierno portugués carecía de información sobre los enjuagues de Roquette y sus socios con Mario Conde, en cambio sí la poseía sobre el paquete oficial del Banco Español de Crédito.

Tras el pacto de venta de las acciones de Roquette y su grupo, que sería ejecutado en ciertos plazos, el empresario se incorporó el 31 de enero de 1992 al consejo de administración de Banesto, donde permaneció hasta el 29 de octubre de 1993. En la primera reunión que acogió al nuevo consejero, 31 de enero, Mario Conde no dio información sobre los pactos suscritos el 27 de diciembre de 1991 por los cuales el grupo luso se retiraba. Y fue casi dos años después, cuando José Roquette presentó su dimisión, el momento en el que se informó al consejo de administración de Banesto.