El fin del sueño mexicano

La estabilidad económica en México estaba asegurada, la paridad del peso no corría riesgos el crecimiento del 4% del producto interior bruto (PIB) en 1995 era un objetivo factible, la inflación se situaría en niveles similares a la de los países más desarrollados, el país disponía de reservas de divisas más que suficientes. En pocas palabras, el proyecto económico de México, en el año de entrada en vigor del Tratado d e Libre Comercio (TLC) de América del Norte estaba sólidamente definido por un grupo de tecnócratas educados en Estados Unidos y calificados por un columnista mexicano como "la generación del [libre] cambio".Los adalides de la transformación de México en un país competitivo gozaban de un prestigio internacional inmaculado. El ex presidente Carlos Salinas de Gortari buscaba, y tal vez sigue empeñado en ello, dirigir el comercio mundial desde la dirección de la Organización Mundial del Comercio. Hoy, pocas semanas después, Salinas de Gortari y los ex secretarios de Hacienda Pedro Aspe y Jaime Serra afrontan las amenazas de unas acciones penales que el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), sempiterno opositor, ya ha anunciado para la próxima semana.

El motivo fue que el 20 de diciembre todo cambió. Sólo tres semanas después de que el Ejecutivo de Ernesto Zedillo iniciara su andadura sexenal, el Gobierno decidió ampliar la banda de flotación del peso en un 15% ante la masiva fuga de divisas que venía arrastrando el país durante todo el convulso año de 1994. En total, 23.000 millones de dólares. Los funcionarios de Hacienda, con su titular, Jaime Serra, a la cabeza, se negaban a hablar de devaluación. Tardarían pocas horas en admitir lo evidente. Ante la fuerte presión sobre el peso, que provocaba una enorme sangría en los 17.000 millones de dólares de reservas con que contaba el Banco de México, la Administración decidió abandonar el peso a su suerte. La oferta y la demanda fijarían la paridad del peso. Y la moneda se hundió inmediatamente. El dólar pasó de 3,40 pesos a casi seis en un solo día.

Y llegó lo inevitable: hundimiento de la Bolsa, desplome de las acciones mexicanas en la Bolsa de Nueva York, ira de los empresarios endeudados en dólares, reetiquetaciones masivas de productos en los supermercados, desbaratamiento de las previsiones económicas para 1995 y agrias críticas de los inversores internacionales sobre el manejo que el Ejecutivo de Zedillo hizo de la crisis. Una semana antes de la devaluación, Serra Puche declaraba a The Financial Times: "La paridad no cambiará. Se defenderá el peso con una subida de tipos de interés. La devaluación está descartada de plano".

Hasta aquí, normal. Lo que irritó sobremanera a los inversores y Gobiernos extranjeros fue que el responsable de Hacienda anunciara la drástica medida en una emisora de radio. Serra dimitió. Y el subsecretario de Hacienda en la Administración salinista, Guillermo Ortiz, asumió el pesado lastre de gestionar la crisis. Difícil papeleta. Ortiz viajó el jueves a Estados Unidos para explicar el nuevo plan económico del Gobierno y para intentar recuperar la deteriorada imagen de la recién estrenada Administración.

Ante la magnitud de la crisis, en un país en el que las devaluaciones tienen una carga psicológica de desastre, el Gobierno intentó justificarse. El conflicto armado de Chiapas y los asesinatos del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu, eran las principales causas de la inestabilidad política y económica, declaró Serra.

Hoy pocos sostienen esta tesis. Incluso los banqueros mexicanos, que durante todo el año apoyaron la política económica de Salinas de Gortari, aseguran que el abuso de la financiación exterior para corregir el déficit por cuenta corriente (28.000 millones de dólares) fue el origen del desastre financiero. "El alzamiento de Chiapas y los asesinatos políticos sólo aceleraron el problema", afirmó el pasado miércoles José Madariaga, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos. "Deberían haber tomado esta medida en marzo, "cuando asesinaron a Colosio", o en septiembre, "cuando se firmó un pacto social que la posterior devaluación convirtió en efímero, y no dejar que el asunto se calentara como se calentó", aseguró Madariaga, quien no ocultaba la irritación de los banqueros.

Los partidos de oposición fueron más tajantes. "El Gobierno de Salinas no actuó a tiempo por intereses electorales ante los comicios presidenciales del 21 de agosto, y personales "por su intención de dirigir la OMC", dijo el presidente de la formación izquierdista, Porfirio Muñoz Ledo.

Inmediatamente después de anunciar la devaluación, México comenzó una ansiosa búsqueda de dólares para financiar su abultado déficit. Pronto encontró apoyos. Estados Unidos y Canadá, socios comerciales en el TLC, aseguraron raudos que la línea de crédito por casi 7.000 millones de dólares prevista en el tratado para apoyar al peso en el supuesto de inestabilidad financiera estaba disponible. No fue suficiente. Los vecinos del norte ampliaron el 50% la cuantía de estos préstamos. Tampoco bastaba. Los bancos comerciales internacionales y algunos Gobiernos europeos se mostraron dispuestos a aportar otros 8.000 millones de dólares. Y Guillermo Ortiz negociaba además el pasado jueves con el Fondo Monetario Internacional la concesión de créditos por otros 2.300 millones de dólares. "No creo que los países desarrollados abandonen a México. Si el país dejara de hacer frente a sus compromisos de deuda pública, podría crearse una grave crisis que arrastraría al resto de Estados de América Latina", asegura tajante un analista financiero.

El Gobierno mexicano ha empezado a manejar la posibilidad de cambiar la deuda que tiene emitida en Tesobonos por otra denominada en Mares y en condiciones distintas a las reconocidas en los activos actuales ampliando el plazo de amortización, lo que ha preocupado a los inversores institucionales que habían confiado en México. Y decidir un aplazamiento obligado sería la peor fórmula para tratar de convencer a los inversores de que sigan confiando en México.

Ante semejante panorama, las previsiones de la Administración sobre la economía mexicana en 1995 se han ido a pique. El 4% de crecimiento del PIB se ha convertido en un 1,5%. El 4% de inflación se ha transformado en un 19%, una cifra que muchos analistas juzgan excesivamente optimista. El gasto público se reducirá en una cantidad equivalente al 1,3% del PIB, y los tipos de interés se han duplicado y se sitúan en este momento por encima del 30%. "Las nuevas previsiones pueden cumplirse siempre que se cumplan las condiciones del pacto que sindicatos y empresarios firmaron para apoyar el plan de emergencia del Gobierno", asegura un analista financiero.

Un pacto que afectará principalmente a las clases menos favorecidas. Obreros y campesinos se mostraron reacios a la firma de un acuerdo que supone un aumento de salarios del 7% para 1995 (12 puntos por debajo del alza de precios prevista). Los continuos aplazamientos del anuncio de las nuevas medidas el pasado martes indicaban la resistencia del casi centenario líder obrero Fidel Velázquez a suscribir un pacto del que pueden surgir otras consecuencias de indudable impacto en México.

Y ello porque el plan de emergencia prevé la privatización de algunas empresas públicas en los sectores de puertos, aeropuertos o ferrocarriles. Pero los rumores sobre la venta a inversores privados de algunas partes de Petróleos Mexicanos (Pemex) no cesan. La industria petrolera está en manos del Estado desde 1938, y su privatización supondría un auténtico "terremoto'' para un país celoso de su soberanía petrolera. Los inversores estadounidenses no se recatan en demandar la venta de Pemex. "Si Zedillo hubiera mencionado la posibilidad de privatizar el petróleo, habría enviado una fuerte señal a Wall Street", dijo el miércoles Bernard Aronson, ex subsecretario del asesor actualmente de Goldman Sachs. "Pero la Administración mexicana continuará vendiendo partes de Pemex, aunque, como es obvio, sin decir que lo están haciendo", concluyó Aronson. Adrián Lajous, recientemente nombrado director general de Pemex, lanzó un mensaje, tal vez a modo de aviso, que no pasó inadvertido en la prensa, mexicana: "Hay que modernizar la ideología del nacionalismo petrolero".