De la política a la toga como con Franco

Nadie protestó cuando Baltasar Garzón ordenó detener a diversas personas por su presumía vinculación con redes de narcotráfico, pocas semanas después de que dimitiera como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, del Ministerio de Interior, y se hiciera cargo, de nuevo, del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El magistrado se había atenido estrictamente a la insólita ley española introducida en 1985 por el PSOE, que permite a los jueces ensayar la política y regresar a su función judicial, incluso con "reserva de plaza", como en tiempos de Franco. ¿Por qué cuando Garzón investiga a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), destacados socialistas, coautores en 1985 de aquella permisiva ley, claman al cielo contra la tarea judicial del ex alto cargo de Interior?Garzón había trabajado contra el narcotráfico desde el poder ejecutivo, hasta que el 6 de mayo de este año dimitió. En septiembre ordenó detener en Barcelona a dos policías y a otras 11 personas, acusadas de estar integradas en una red de tráfico de drogas, y en octubre acordó encarcelar a seis de los 17 detenidos por su presunta pertenencia a una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Las noticias saltaron a los periódicos y los ciudadanos que no lo supieran se enteraron de que Garzón volvía a ejercer como juez y ya no era diputado en el grupo del PSOE ni trabajaba para el Ejecutivo. Pero ni siquiera a los privados de libertad se les ocurrió impugnar al juez recién regresado de su excursión de nueve meses a la política.

Socialistas escandalizados

Ha sido después, al iniciar el juez Garzón actuaciones en el caso por el secuestro de Segundo Marey, atribuido al GAL, en especial tras ordenar detenciones como la del socialista Julián Sancristóbal y otros ex altos cargos policiales, cuando algunos destacados socialistas -el ex ministro José Barrionuevo, el presidente del Senado Juan José Laborda, el portavoz socialista Joaquín Almunia y otros- se han escandalizado de tales iniciativas. Y han sugerido la conveniencia de que Garzón se abstenga en este caso o han invocado la incompatibilidad que existe cuando se deja de ejercer en la función pública.

Fuentes judiciales hacen notar el error de interpretación padecido cuando se pretende la incompatibilidad de Garzón. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, cree que hay voluntad de "confundir a la gente" cuando se invoca la incompatibilidad de dos años de los altos cargos públicos en relación con los asuntos gestionados durante su etapa en la Administración, porque la ley "se refiere exclusivamente a las actividades privadas, no a las públicas".

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, considera "totalmente periférico e irrelevante" para el actual cometido de Garzón que haya ocupado un cargo en Interior, ya que tal hecho, dice, "no es causa de abstención o recusación". El magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, de la misma asociación, insiste en que la incompatibilidad afecta al trabajo privado, de modo que Garzón no podría ser contratado durante dos años en una empresa relacionada con la drogadicción, pero "quien regresa a su puesto público desde un alto cargo, vuelve a dedicarse a su cometido profesional, no sólo el juez, sino también, por ejemplo, el inspector de Hacienda".

Fuentes jurídicas recuerdan que la reserva de la plaza judicial, al juez que va y vuelve a la política, existía durante el franquismo para aquellos nombramientos que se producían por decreto. Se trataba de una excedencia especial que disfrutaron magistrados y fiscales -entonces pertenecían a la misma carrera- designados, por ejemplo, gobernadores civiles y jefes provinciales del Movimiento e incluso delegados provinciales de los ministerios.

El Gobierno centrista de Adolfo Suárez reformó la legislación, de modo que los jueces que se iban a la política pedían una excedencia voluntaria y, a su regreso, concursaban a una plaza de su categoría. Si se habían presentado a una elección y no obtenían escaño quedaban durante un año fuera de la carrera.

Tal situación estuvo vigente hasta la llegada al poder del PSOE. Gracias a su mayoría absoluta, en 1985 resucitaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la vieja reserva de plaza del franquismo, coherente en aquel sistema de "unidad de poder y división de funciones", pero extraña en democracia. La LOPJ no reformada en este punto por la reciente ley que entró en vigor el día 9 de este mes establece un amplio catálogo de cargos políticos, cuya ocupación por jueces o magistrados implica el pase de éstos a servicios especiales. Según la ley, "se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos, y tendrán derecho a la reserva de plaza y localidad de destino que ocupasen".

Muchos beneficiarios

Antes de que el juez Garzón hiciera uso en 1994 de la ley española, se beneficiaron de la misma, entre otros muchos, sus directos autores, el actual presidente del Consejo de Estado, Fernando Ledesma, primer ministro de Justicia del Gobierno socialista, que ascendió a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo siendo titular de Justicia, y Juan Antonio Xiol, que lo hizo siendo alto cargo del mismo departamento.

El actual ministro de Justicia e Interior, Juan-Alberto Belloch, desde 1990 hasta hoy -durante su paso por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno- sigue devengando derechos en su carrera judicial, como si ejerciera su profesión de juez, a la que tendrá derecho a regresar, con reserva de plaza, el día que cese.