"Posible malversación de caudales públicos"

El pago de sobresueldos con cargo a los fondos reservados "pudiera presentar caracteres delictivos, ya que se trata de una desviación de caudales públicos a fines para los que no están específicamente previstos, perfilándose con ello la posible existencia de un delito de malversación de caudales públicos".

Así lo afirmó la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su auto del pasado 5 de diciembre, redactado por el magistrado José Antonio Martín Pallín, con el que decidió trasladar a un juzgado de instrucción de Madrid la denuncia presentada por el PP sobre el presunto mal uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Aunque el Supremo estimó que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito -cuestión que deberán tener en cuenta los jueces que intervengan en la causa-, no admitió la denuncia, ya que esta no se refería a ninguna persona concreta y el alto tribunal sólo interviene cuando se incrimina a un aforado; en este supuesto, un parlamentario o un ministro.

No obstante, "si en cualquier momento de la investigación aparecen indicios de responsabilidad de personas aforadas, [el juzgado] deberá remitir la actuaciones a esta Sala, única competente para continuar la instrucción", advertía el Supremo. Por sorteo. la denuncia ha correspondido al juzgado de instrucción número 43, cuya titular es la juez María Jesús Coronado.

La denuncia sobre pago de sobresueldos con fondos reservados fue presentada por el diputado del Grupo Popular Federico Trillo ante el fiscal general del Estado, Carlos Granados, el 19 de octubre. Tras estudiarlo, Granados optó por trasladar al Supremo el escrito del PP, de 10 folios, al que se adjuntaba una selección de recortes de prensa.