El referéndum suizo

Su diario publicó el pasado día 6 de diciembre un editorial bajo el título La otra cara de Suiza. El artículo trataba de la reciente aprobación por el cuerpo electoral suizo de una ley sobre medidas coercitivas en la legislación sobre extranjería. Ateniéndome al derecho de réplica, le ruego publicar las siguientes consideraciones al respecto.A más tardar desde la adopción de la Constitución Federal de 1848, Suiza ha sido un Estado de derecho -uno de los primeros en Europa- y sigue siéndolo. Durante toda su historia reciente, Suiza ha mantenido siempre los altos valores que exigen los principios fundamentales de una sociedad de derecho y democrática. Las leyes se adoptan por vía parlamentaria y quedan sometidas a una eventual aprobación por el pueblo, sí este último o sus representantes así lo desean.

En el caso presente, el referéndum fue solicitado por un comité opuesto a la nueva legislación. Por consiguiente, el pueblo suizo ha podido libremente elegir entre la adopción y el rechazo de las nuevas medidas. Por dudosas o criticables que éstas puedan parecer, es a mi juicio inaceptable hablar de una "violación clara de los derechos fundamentales de un Estado de derecho" y menos aún "de una monstruosidad antijurídica". Si usted se hubiera tomado la pena de examinar la ley con un poco más de detenimiento, se hubiera dado cuenta de que algunas afirmaciones hechas en el editorial no son correctas. Su artículo menciona, por ejemplo, sólo la pena de un año de cárcel, lo que puede ser mal interpretado por parte del lector. Dicha pena se aplica principalmente a los casos de traficantes de droga en situación ilegal y es siempre promulgada por el procurador del cantón y jamás por una autoridad policial. Por otra parte, la prisión preventiva aplicada por la policía contra un indocumentado no puede exceder de los tres meses, y aun así quedará siempre supeditada a los límites que pueda oponer el poder judicial. Suiza no es y no será nunca un país sin jueces ni sin leyes, como usted parece insinuar.

Ahora bien, se puede o no estar a favor de una legislación represiva en contra de la inmigración ilegal. Las críticas formuladas por su diario son de este punto de vista por supuesto legítimas. Tales críticas han sido -dicho sea de paso- discutidas abiertamente también en Suiza durante la campana previa a la votación del 4 de diciembre pasado. En un país donde en 1993 la población extranjera excedió 1,2 millones (o sea, el 18% de su población) y donde los demandantes de asilo en 1992 alcanzaron 18.000 (en España -seis veces más poblada que Suiza- han sido 5.674 en 1993) parece por lo menos comprensible que ante la avalancha de miles de refugiados, la mayoría sin documentación, el Estado se vea en la necesidad de tomar medidas extraordinarias.-

Embajador de Suiza en España.