El fiscal recurre la decisión que permite García Juliá a residir en Paraguay

El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Antonio del Hoyo, ha recurrido la decisión del juez José Luis Castro, quien autorizó el pasado día 1 a residir en Paraguay al ultraderechista Carlos García Juliá, que se halla en libertad condicional tras ser condenado a 193 años por la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, en Madrid. IU y PSOE plantearán diversas iniciativas parlamentarias.

El juez Castro ha notificado a la Comisión de Asistencia Social (CAS) de Madrid, dependiente de Asuntos Penitenciarios, la autorización concedida a García Juliá para que pueda residir y trabajar en Asunción (Paraguay). Según fuentes judiciales, la CAS debe dar traslado de esta resolución personalmente al interesado, por lo que es probable que éste deba regresar a España, informa El abogado y diputado socialista José María Mohedano, en nombre de Dolores González Ruíz y otras víctimas de la matanza del 24 de enero de 1977, ha arremetido contra la fiscalía y los magistrados de la Audiencia Nacional, a los que acusa de "no haber hecho nada" para que el ultra pague parte de los casi 50 millones de pesetas de indemnización a que fue condenado junto con José Fernández Cerrá."Desde hace dos años tenemos pedido a la Sala que reclame a los dos condenados el pago de las responsabilidades civiles y no tenemos constancia de que la Audiencia Nacional haya hecho nada", afirma Mohedano. Éste critica al juez Castro por creer que no tiene potestad para autorizar la salida de España de un liberado condicional y, además, porque "no se ha molestado en solicitar a la Audiencia información sobre la situación en que está el pago de responsabilidades civiles".

Mohedano afirma que "hay dos varas de medir", según se trate de etarras o de ultraderechistas, ya que a los primeros se les está embargando parte de sus salarios para pagar las indemnizaciones. En efecto, la fiscalía de la Audiencia Nacional inició investigaciones sobre los etarras excarcelados, al objeto de que se les retenga parte de sus salarios, tras la polémica desatada el pasado verano sobre la política de reinserción.

En su condición de diputado, Mohedano preguntará por el caso al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y al fiscal general del Estado, Carlos Granados.

El diputado Diego López Garrido, de la coalición Izquierda Unida, ha anunciado también que formulará varias preguntas al Gobierno para determinar cuándo se le dió autorización a García Juliá para salir de España y en qué fecha se marchó éste a Paraguay para trabajar en la empresa Traflumar.

La federación sindical de Administración Pública de CC OO criticó al juez Castro por autorizar a García Juliá el pasado día 1 a vivir en Paraguay, "cuando sabía desde el mes de agosto que estaba en dicho país sin la preceptiva autorización previa". CC OO estima que el ultraderechista quebrantó la condena -por haberse ido al extranjero sin permiso- por lo que la Audiencia Nacional "debía haber conminado a García Juliá a regresar a España en 24 horas para aclarar su situación".