Mario Conde prestó 400 millones a De la Rosa semanas antes de la intervención de Banesto

El ex presidente de Banesto, Mario Conde, concedió un crédito de 400 millones de pesetas a Grand Tibidabo, entonces presidida por Javier de la Rosa, el 1 de diciembre de 1993, pocos días antes de que el banco de España interviniera el banco. Parte de ese crédito, según las fuentes consultadas, venció el pasado día 1 de diciembre sin que Grand Tibidabo haya pagado. De esta manera, el Banco Santander, propietario de Banesto, debe decidir qué hacer teniendo en cuenta que, tras haber ejecutado un crédito a De la Rosa, también es el principal accionista de la sociedad.

Portavoces de Banesto confirmaron a este diario la existencia del mencionado crédito, así como su fecha de vencimiento. En el momento de la firma de la póliza, en diciembre del año pasado, se estipuló que en el caso de que Grand Tibidabo no hiciera frente al primer plazo de pago, es decir el del pasado día 1, Banesto consideraría vencido el conjunto del crédito e 400 millones de pesetas.Medios financieros han manifestado su extrañeza al conocer la existencia de ese préstamo si se tiene en cuenta tanto el hecho de que a finales de 1993 la situación económica de Grand Tibidabo ya era dramática, como el de que, en teoría, las relaciones entre Mario Conde y Javier de la Rosa eran no sólo inexistentes sino también malas. En diciembre de 1993, las deudas reconocidas por el grupo Grand Tibidabo superaban los 30.000 millones.

Según las fuentes consultadas, el crédito concedido por Banesto no contaba con garantías hipotecarias, por lo que, en el caso de que la entidad financiera optara por pedir la ejecución judicial se podría abrir un proceso de quiebra de la sociedad, como única forma de asegurarse el cobro de la deuda

En cualquier caso, las dificultades financieras de Grand Tibidabo se agravan cada día que pasa. La pasada semana, la sociedad tuvo que hipotecar su único activo aún libre de cargas, diversas propiedades inmobiliarias en la localidad sevillana de Dos Hermanas, para evitar el embargo de sus bienes por la Hacienda pública, a la que adeuda una cantidad próxima a los 400 millones de pesetas. Asimismo, meses antes había vencido un crédito hipotecario concedido por el Banco Zaragozano. En este caso la garantía es la propia sede de la empresa, situada en la Diagonal de Barcelona.

El próximo sabado, Grand Tibidabo celebra la junta de obligacionistas de la sociedad.

En esta reunión se propondrá a los titulares de las obligaciones que acepten retrasar el cobro de los intereses hasta el vencimiento final de los títulos, en diciembre de -1995, a cambio de garantías inmobiliarias, con cretamente los terrenos que la empresa posee en la localidad malagueña de Guadalmina. Sin embargo, la empresa debe pagar los intereses de esas obligaciones un día antes de la asamblea, es decir el viernes ocho, lo que resulta imposible, por lo que en el caso de que no se al cance un acuerdo cualquier obligacionista podría instar la quiebra de la sociedad.

En cualquier caso, la principal incógnita de esta reunión es la posición de los principales poseedores de obligaciones, un reducido grupo de una veintena de sociedad, que determinará la posibilidad de que se alcance un acuerdo. Este grupo mantuvo negociaciones con el anterior presidente de Grand Tibidabo, Joan Cruells, pero estas se interrumpieron al ingresar este último en prisión.

Mientras tanto, el nuevo consejo de administración de la sociedad, en el que se han integrado representantes de los accionistas minoritarios, como Javier Nart y María Rosa Tejedo, está presionando para salvar la situación en una doble dirección. Por un lado ha pedido al consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra, que facilite a. Grand Tibidabo un aval público de 1.000 millones de pesetas.

Esta posibilidad ha sido duramente criticada en medios políticos, ya que las posibilidades de que el aval resultara fallido son muy elevadas. El otro movimiento emprendido por el consejo de Grand Tibidabo, ha sido el de exigir a La Caixa que libere un depósito de 1.500 millones de pesetas, constituido con dinero de Grand Tibidabo en el momento de la venta a la entidad financiera del parque Tibigardens, y que sirve como garantía frente a posibles reclamaciones de terceros. La Caixa ha reiterado su negativa a liberar ese depósito aduciendo que las reclamaciones de propietarios de terrenos expropiados para la construcción del centro recreativo son muy importantes.