El proceso de nunca acabar

El proceso por la rotura de la presa de Tous, que anegó la comarca valenciana de La Ribera y provocó ocho muertes y decenas de miles de millones en pérdidas, se ha convertido en el mayor dislate judicial de la etapa democrática: 12 años de proceso abierto, tres juicios anulados y unas indemnizaciones que no acaban de llegar. El juicio para de terminar las responsabilidades de la catástrofe comenzó en marzo de 1987 con cuatro ingenieros en el banquillo y se suspendió poco después, al incorporarse un nuevo acusado. En febrero de 1988 se abrió otro juicio oral, cuyas sesiones concluyeron un año después y la sentencia condenó a dos de de los cinco acusados y al Estado, como responsable civil subsidiario, a hacer frente a 8.000 millones de pesetas en indemnizaciones.Pero el Tribunal Supremo, en una de las sentencias más polémicas y criticadas de su historia, anuló íntegramente el proceso al entender que uno de los magistrados del tribunal valenciano actuó con un "criterio anticipado de culpabilidad", por haber sido el juez que procesó al ex comisario de Aguas del Júcar, Juan Sancho-Tello. El. Supremo contradijo una decisión del Tribunal Constitucional, que había denegado el amparo a Sancho-Tello, tras considerar que había quedado plenamente salvaguardado su derecho a un juicio con todas las garantías.

Tras la conmoción por la anulación del Supremo, en marzo de 1993 el Gobierno aprobó un crédito de 19.000 millones para los afectados y 15.000 de ellos renunciaron a seguir la vía judicial.

Pero la última convulsión judicial estaba por llegar: en las Navidades pasadas, el tribunal valenciano anuló el juicio que el Supremo le había ordenado repetir, por estimar necesario llamar a 34.691 perjudicados a los que no se citó personalmente en su día.