Un cabo de la Guardia Civil, destituido por posibles torturas

Dos cabos primeros de la Guardia Civil, Miguel Izquierdo y Francisco José Chicoa, declararon ayer ante la juez de instrucción número 2 de Colmenar Viejo como prime ros inculpados de los presuntos delitos de torturas practicados en el cuartel de dicha localidad a tres detenidos durante los días 22, 23 y 24 de octubre. Según el presidente de la Asociación con tra la Tortura, Teodoro Mota, Izquierdo ha sido ya destituido como comandante de puesto de Colmenar, según reconoció ayer en el interrogatorio y asumió su responsabilidad en el reconocimiento que hizo de los detenidos sin la presencia de sus abogados.De acuerdo con las descripciones físicas presentadas en la querella por José Luis Villanova, uno de los detenidos, este cabo fue el. que le empujó contra una mesa y le asestó patadas en el estómago cuando se encontraba en el suelo. Además, como comandante, de puesto en funciones, ordenó la detención de este joven y de Cecilio Rodríguez y Pedro Rodríguez por haber mantenido una pelea con ellos en el bar Color el viernes 21 de octubre.

Mientras que el cabo primero Francisco José Chicoa apenas aportó nombres de guardias civiles que estuvieron de servicio o presentes durante la retención de los jóvenes en el cuartel, Izquierdo identificó a varios agentes que, de paisano o uniforme, aparecen descritos en la querella de la acusación popular como agresores o testigos de malos tratos.

Investigación interna

También Izquierdo apuntó ayer que el teniente Luciano Pérez, de la 112 Comandancia de Tres Cantos, estuvo presente en el cuartel de Colmenar durante unas horas el sábado día 22 y domingo 23 desde por la mañana hasta las seis de la tarde. Por este motivo, la Asociación contra la Tortura, que representa a Villanova, Cecilio Rodríguez y Pedro Rodríguez, solicitará también la comparecencia en el juzgado del teniente, quien sería, por el momento, la máxima autoridad que pudo tener conocimiento de parte de los hechos denunciados.Respecto a la investigación interna desarrollada en la Guardia Civil, el delegado del Gobierno, Arsenio Lope, ha extraído dos conclusiones contradictorias, según la carta que ha enviado al alcalde de Colmenar Viejo (27.000 habitantes), Juan Manuel. Mansilla. El delegado afirma por un lado "que no aparecen elementos objetivos que induzcan a apreciar la existencia de ningún tipo (le delito imputable a fuerzas del cuerpo", mientras añade "que se han producido actuaciones tipificadas en la ley orgánica 11 / 1991, de 17 de junio, del Régimen, Disciplinario de la Guardia Civil, y que de las mismas se van a exigir responsabilidades; unas, por la autoridad del teniente coronel, y de otras se eleva, propuesta a la dirección general, a quien corresponde enjuiciarlas y, en su caso, corregirlas".