El ICO ofrece a UGT renegociar los 10.700 millones de crédito que le adeuda el sindicato

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Miguel Muñiz, ha iniciado conversaciones con el secretario de finanzas de UGT, Sebastián Reyna, para renegociar el crédito de 10.700 millones de pesetas que la agencia financiera del Gobierno le concedió hace un año y del que la central aún no ha abonado ni una peseta de intereses o principal. El ICO ha ofrecido a UGT la renegociación para convertir este préstamo a un año en otro de largo plazo si la central sindical se compromete "a buscar una fuente de ingresos razonable" para hacer frente a su deuda.

El secretario de finanzas de UGT asegura que el sindicato ha solicitado la renovación por un año de este crédito con el objetivo de, durante esos doce meses, negociar despacio la transformación de este crédito a corto en otro a largo plazo. Como prueba de la buena voluntad de UGT para el pago del crédito, Reyna asegura que el sindicato pagará: "una parte o todos" los intereses adeudados, unos 800 millones de pesetas.La falta de respaldo para devolver intereses y principal es el problema básico de este préstamo. El ICO concedió los 10.700 millones a UGT por mandato expreso del Gobierno y con una garantía real que es sólo un futurible: el patrimonio histórico que el sindicato reclama al Ejecutivo y que dice asciende a 17.000 millones de pesetas. La Administración valora el patrimonio que tiene documentado en 1.700 millones.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se refirió el miércoles a este crédito. Méndez dijo que el sindicato no le debe ningún favor al Gobierno. "Era necesario solucionar un problema que afectaba a 20.000 familias y el Gobierno ha puesto unos recursos que tenemos que devolver", dijo. Méndez destacó que "la independencia de UGT está intacta", pues no ha "recibido un duro del Gobierno; nos ha facilitado un préstamo que tenemos que pagar".

La renegociación del crédito, según el presidente del ICO, Miguel Muñiz, quiere cumplir con dos objetivos: "Actuar con rigor y perjudícar lo menos posible a UGT y al ICO". Con todo, al ser un crédito concedido por orden del Gobierno cabe la posibilidad de que quede como fallido y se traslade su cobertura a los Presupuestos Generales del Estado.

Él ICO reconoce que, en la práctica, no se aportó como garantía los 4.100 millones de pesetas de patrimonio histórico que recibió UGT en 1986 ni las propiedades actuales del sindicato. El motivo, según la explicación que UGT ha ofrecido al ICO, es que tales propiedades ya están comprometidas como garantía de otros préstamos. Sebastián Reyna ha matizado a EL PAÍS que UGT no sólo ha hipotecado el patrimonio que espera recibir del Gobierno sino también el que ya tiene. Acto seguido reconoce que sus propiedades actuales "son edificios que, como cualquier casa, se compraron con un crédito que se está pagando es decir, ya tienen cargas.

Los 10.700 millones del crédito a UGT se concedieron en tres tramos -de 8.000, 1.500 y 1.200 millones de pesetas, respectivamente- por un año plazo y a un tipo de interés del mibor (interbancario en Madrid) más 1,5 puntos. Ya ha vencido el primer tramo, el segundo vence en diciembre y el último en enero.

El presidente del ICO considera que la concesión de este crédito -a pesar de las escasas garantías reales en las que, en la práctica, se apoyó- forma parte de las tareas propias de la agencia financiera del Gobierno. Los 10.700 millones de pesetas aportados por el ICO se destinaron a liquidar la Sociedad de Crédito Hipotecario, que era, la financiera creada por IGS para que los socios de PSV mantuvieran sus cuentas vivienda. De esta forma las familias que tenían cuentas vivienda con SCH pudieron trasladarlas a una entidad solvente.

La intervención del ICO en el intento de solución de la crisis de PSV no se limita a los 10.700 millones que le adeuda UGT. Además de los 5.800 millones de deuda de las constructoras que el ICO ha recibido el encargo de comprar, en mayo, tras la aprobación del plan de viabilidad por parte del Gobierno, el ICO y la Comunidad, de Madrid avalaron 8.733 millones de pesetas para apoyar la, segregación de las promociones en cooperativas independientes.