Demanda contra Joan Piqué Vidal por negligencia profesional

El Juzgado de Primera Instancia, número 35 de Barcelona, que instruye una demanda de daños y perjuicios por "negligencia" profesional presentada contra el abogado Joan Piqué Vidal, está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo para dictar sentencia. La demanda, presentada en octubre, de 1992, acusa a Píqué de "negligencia" por haber dictado un laudo arbitral fuera de plazo y ocultar que mantenía relaciones empresariales, en la inmobiliaria Urbas y la auditora Audiec, con una de las partes.

La demanda, que reclama a Joan Piqué 175 millones de pesetas, fue presentada en octubre de 1992 por el abogado Ignacio Rovira en nombre de la sociedad ETIC. Ignacio Rovira declinó ayer realizar cualquier comentario sobre su demanda.Joan Piqué, abogado del financiero Javier de la Rosa, manifestó a este diario. "Acepté prestar mis servicios como árbitro porque mantenía buenas relaciones con ambas partes, y no cobré honorarios de ninguna clase". Piqué presentó en su momento un recurso contra la demanda alegando que ésta no incluía a todos los afectados. Este recurso fue rechazado por el juez, pero aceptado por la Audiencia de Barcelona, por lo que los demandantes recurrieron ante el Tribunal Supremo. La vista del juicio se celebró hace aproximadamente un mes y el juez espera la decisión del alto tribunal para hacer pública la sentencia.

El documento presentado ante el juzgado detalla que el 31 de julio de 1990, la denunciante, ETIC, vendió Metales y Platerías Ribera a la empresa Pieto, controlada por Miguel Castellví Gual. En el documento de venta se acordó nombrar árbitro a Juan Piqué Vidal.

En septiembre de 1990, cuando surgieron divergencias, ETIC, la vendedora, debía depositar.150 millones de pesetas y Pieto, la sociedad compradora controlada por Miguel Castellví, 146 millones, a fin de que Piqué Vidal resolviera. El plazo para que Piqué dictara el laudo finalizaba el 20 de septiembre. La demanda señala: "En realidad, el señor Castellví depositó únicamente 50 millones, mientras que ETIC depositó 246 millones".

Piqué dictó el auto el 30 de abril de 1991 y resolvió que el conjunto del depósito, menos seis millones de pesetas, debía entregarse a la sociedad de Miguel Castellví. Los demandantes afirman que el laudo se dictó fuera de plazo. Piqué sostiene: "El retraso en la emisión del laudo se debió a causas objetivas, entre ellas que los documentos necesarios se presentaron fuera de plazo".

Posteriormente, el 13 de marzo de 1992, la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que se anulaba el laudo y declaraba "inadecuado el proceso, para condenar al árbitro Juan Piqué Vidal a la restitución del depósito".

Los demandantes consideran que Piqué ocultó sus estrechas relaciones con Miguel Castellví y las de éste y el mismo abogado con la firma auditora a la que encargó las valoraciones para su laudo: Audiec.

El texto de la denuncia sefiala: "Castellví es socio de Juan Piqué desde 1989 en la ,entidad Promociones Flager y ambos son, a su vez, en la mercantil Promociones Artibox, socios del presidente de Audiec, Francisco de Quinto". De Quinto, asimismo, pertenece al bufete de abogados de Piqué y Audiec fue auditora de la sociedad Tibidabo, controlada por De la Rosa. Piqué ha señalado que las "relaciones existíairi, y buenas, con ambas partes".

También hay otros vínculos entre Piqué y Castellví: "Juan Piqué Vidal forma parte del Consejo de Administración de Urbas junto con, entre otros, el hijo, de Miguel Castellví Gual, Joaquín Castellví". La entrada de. Piqué en Urbas coincidió con la compra de la mayoría del capital de esta inmobiliaria por Ramón Fiter. Fiter obtuvo el dinero (1.980 millones) de Grand Tibidabo gracias a un acuerdo con De la Rosa que fue. Preparado por el bufete de Piqué Vidal, del que Fiter era cliente.