Dos sabuesos
El juez del caso Banesto Manuel García -Castellón, ya tiene asesores de primera: dos sabuesos del Banco de España. Sólo un par de días después de admitir a trámite la querella contra Mario Conde y nueve miembros de su equipo, el juez solicitó formalmente al Banco de España la ayuda de dos integrantes del servicio de inspección del banco emisor. La respuesta, inmediata, fue positiva. Los dos inspectores que el Banco de España puso a disposición de la Filcalía de la Audiencia Nacional, a primeros de septiembre pasado, colaboran ahora con el instructor del sumario.Los dos sabuesos formaron parte del grupo que el banco emisor envió a Banesto, el 24 de mayo de 1993, para realizar una inspección a fondo de la entidad. Si se incluye a su jefe, Ignacio Palicio, y al subdidrector general, de la inspección, Manuel Zamanilló, el equipo tenía diez personas. Este dependía jerárquicamente del director general responsable de la inspección, José Pérez. El team terminó su labor el 17 de diciembre de 1993; el informe fue firmado el 1 de febrero de 1994.
Los dos sabuesos que el Banco de España destacó para trabajar con la Fiscalía aportaron las dos condiciones necesarias para hacer una labor tan rápida como eficaz. Se trata, por un lado, de un inspector con suficiente antigüedad en el buceo de las aguas de Banesto, y, en el segundo caso, de una de las personas que más ha trabajado en, el capítulo de las "operaciones especiales", según la jerga del banco emisor, que realizaron los ex gestores del banco intervenido. Estas operaciones designan aquéllas en las que se advierte, para de cirlo de manera elegante, una permeabilidad entre los patrimonios de Banesto y la Corporación Industrial y los de sociedades vinculadas ' a personas que formaban o habían forma do parte del consejo d administración que presidía Conde.
Ya antes del trabajo de colaboración con la Fiscalía, el informe de los sabuesos de la inspección fue la piedra angular del expediente sancionador que instruye el letrado José Manuel Díez Gómez a Conde, al consejo de administración destituido y a cuatro directores generales, y cuyo punto quinto se refiere a actos fraudulentos y utilización de personas interpuestas. Se esperaba en noviembre una propuesta de resolución del expediente, a la que los acusados deberán oponer sus alegaciones. La fase final, la de resolución, está prevista para mediados de 1995.
En relación con éste último punto se plantea un asunto interesante. Aunque el expediente se encontrará en la jurisdicción contencioo-administrativa sólo a partir de que haya una propuesta de resolución, cabría la posibilidad, a petición de los interesados, de que el procedimiento penal paralice la acción del banco emisor. Pero ocurre también que los acusados en el expediente son 24 mientras que los querellados, de momento, son 10. Los catorce no querellados quieren evitar quedarse colgados de la brocha -con graves acusaciones que son una espada de Damocles durante varios años- si se paraliza el expediente.
No es extraño, pues, que los letrados de algunos directores generales se hayan dirigido estos días, al banco emisor para que el expediente continúe tramitándose y se produzca una propuesta de resolución, en la que quedará claro quienes siguen siendo acusados y quienes podrían caerse en la recta final del expediente.
