La juez que tutela IGS impedirá que se ejecute el embargo hasta que concluya la suspensión de pagos

La juez que tutela la suspensión de pagos de IGS, Miriam Iglesias García, no permitirá que se ejecute el embargo sobre la gestora de PSV hasta que se resuelva el proceso de suspensión de pagos. La titular del juzgado de primera instancia número 10 de Madrid dictó ayer un auto donde afirma que "la tutela judicial" es garantía suficiente para todos los acreedores y que "ha de concluir completamente" la suspensión de pagos para que pueda ejecutarse el embargo."El mismo expediente de suspensión de pagos ( ... ) supone un plus de garantía para los acreedores en su conjunto ( ... ) frente a un embargo de los bienes de la suspensa instado por un grupo de acreedores", declara Iglesias García en su auto. Además, la juez añade que ese embargo sólo podrá efectuarse sobre los bienes "residuales" que queden en IGS después de cumplir la suspensión con todos los acreedores.

Los argumentos expuestos por la juez Iglesias García son, en resumen, los siguientes:

"Todos los acreedores del suspenso, también aquellos cuyo crédito procede de la responsabilidad por delito, vienen obligados a abstenerse de intentar ( ... ) el embargo de bienes ( ... ) al encontrarse todo el patrimonio asegurado ya por la intervención judicial".

"La tutela judicial efectiva a que tienen derecho indiscutible el conjunto de acreedores de IGS ( ... ) impide que sobre el patrimonio de IGS pueda practicarse traba alguna, en tanto no concluya el expediente concursal".

"Ha de finalizar completamente el primer asunto, el de la suspensión de pagos, para que pueda afectarse todo o parte del patrimonio residual a la responsabilidad [civil] posteriormente declarada", por el juez de delitos monetarios.

La magistrada del juzgado número 10 deja claro en su auto que "no procede efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a la declaración de responsabilidad civil por causa de delito hecha por el el juzgado central de instrucción número tres [el de Moreiras] ni en relación a su cuantía". Miriam Iglesias se aleja así del auto de su homólogo en la tutela de PSV, el magistrado José Antonio Enrech, tanto en sus conclusiones sobre el futuro de la construcción de las viviendas como sobre la conveniencia del auto de Moreiras.

12 de diciembre

La juez dictó ayer un segundo auto en el que fija el día 12 de diciembre para dictaminar la suspensión de pagos de IGS. Esto significa que ese día dirá si la insolvencia de la gestora de PSV -de la que dependen cinco de las mayores promociones y un total de 3.654 viviendas- es una insolvencia definitiva o transitoria. Si fuera definitiva, dictaminaría la quiebra y habría que liquidarlo todo. Si es transitoria, podría continuar el plan de viabilidad que aprobó el Gobierno.El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió ayer a los jueces que permitan continuar con las segregaciones previstas en el plan de viabilidad aprobado el 27 de mayo. Rubalcaba afirmó que "si las separaciones [en PSV-IGS] pudieran procesalmente continuar, podríamos, en poco tiempo, lograr el objetivo de construir las viviendas". El problema ahora, desde el punto de vista del Gobierno, es la parálisis "procesal" en la que se encuentran las promociones de PSV tras los autos de Moreiras y Enrech.