La Fiscalía detecta irregularidades en las firmas presentadas ante el juez Moreiras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha detectado algunas irregularidades entre las 4.292 firmas de cooperativistas de PSV aportadas al juzgado de Delitos Monetarios el jueves para que su titular, el juez, Miguel Moreiras, redujese la fianza de 65.000 millones de pesetas y déjase en suspenso durante un mes el embargo de los bienes de IGS-PSV y UGT. Según fuentes de la institución, algunas de las firmas constan en simples fotocopias y en otras aparecen en blanco los espacios del titular o el documento de identidad, por lo que aún no ha sido posible cuantificar el número de firmas que podrán considerarse válidas.El administrador único de PSV, Valeriano Gómez, aseguró ayer a EL PAÍS que el hecho de que "sean fotocopias no es una actuación irregular, pero si hay que compulsarlas se podrán compulsar sin ninguna dificultad". En opinión del responsable de PSV, "difícilmente se puede hablar de irregularidades en un conjunto de acuerdos que han visado las dos intervenciones judiciales, la de PSV y de IGS". Gómez reconoció que es cierto que no todas incluyen a renuncia expresa a las acciones civiles, pero dijo que ello se debe a que algunas promociones se separaron antes de la intervención judicial y a éstas no se les solicitó esa carta de renuncia.

Valeriano Gómez defiende que a lo que ellos se comprometieron ante Moreiras era a entregar el balance del proceso de separación. Ahora esperan que el juez revoque el auto para poder seguir adelante con ese proceso de segregación.

El magistrado Miguel Moreiras mantuvo ayer un impenetrable mutismo sobre sus actividades. Fuentes del juzgado indicaron a primera hora de la tarde que no se había modificado su auto judicial. en el que decretó la fianza de 65.000 millones.

Fuentes en la Audiencia Nacional divergían sobre si el embargo debía comenzar a ejecutarse al haber transcurrido el plazo para depositar la fianza de 65.000 millones o si el embargo quedaba en suspenso en tanto se resuelven los recursos de Ias partes en los que se impugnaban la cuantía de la fianza. De ejecutarse el embargo de bienes sin esperar el resulatado del recurso -como sucedió recientemente en el caso del financiero Javier de la Rosa-, el juez debería pedir a la policía judicial que investigue el patrimonio de los responsablea civiles.

La crítica a la actuación de Moreiras no es unánime. Los abogados de los cooperativista que se han querellado contra PSV -entre ellos Joaquín Ruiz Jiménez- expusieron ayer, en un comunicado, su respaldo a auto de Moreiras y a la fianza.

Mientras, los cooperativista que quieren que continúe el proceso de separación de promociones se reúnen hoy en Madrid para estudiar cómo personarse en la causa en contra de la decisión de Moreiras.

Los representantes legales de UGT justificaron su recurso contra el auto de Moreeeiras con dos argumentos básicos: El auto no aporta pruebas periciales que justifiquen la cuantía del perjuicio y no es necesario embargar los bienes de PSV-IGS porque están administrados por la intervención judicial de la suspeensión de pagos.